El concepto de la Corte necesita la ratificación del presidente Álvaro Uribe, quien recientemente dijo que aplicaría el "rigor total de la ley en materia de extradición" a quienes no participen en el proceso de paz.

La ley le permite al presidente la aplicación discrecional de la extradición de nacionales.

La medida incluye a Salvatore Mancuso Gómez, líder paramilitar en negociaciones de paz con el gobierno, a Carlos Castaño, dirigente político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de quien no se tiene noticia luego que fuera víctima de un atentado por parte de otros paramilitares.

La extradición de los paramilitares fue solicitada por una Corte Federal de Washington.

Sin embargo, la Corte sostuvo que aún no se ha certificado que Castaño haya muerto.

El tercer hombre al que se autoriza su extradición es Ricardo Ovidio Palmera, un dirigente guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) preso en una cárcel de máxima seguridad a quien se le acusa de delitos relacionados con el narcotráfico y el secuestro de un ciudadano de los Estados Unidos.

"Simón Trinidad", nombre de guerra de Palmera, fue capturado en Ecuador y encarcelado en Colombia.

Uribe también ha explicado que aunque los jefes paramilitares están a salvo de ser extraditados, ellos deben mantenerse al margen del narcotráfico y cumplir con los acuerdos de cese de hostilidades.

Mancuso se hallaba el miércoles en una zona al noroeste del país donde se concentran unos 400 combatientes ilegales que iniciarán su reinserción a la vida civil y la entrega de armas.

El paramilitar no se pronuncio inmediatamente sobre el concepto de la Corte Suprema de Justicia.

La Secretaria de Prensa de la Presidencia dijo que la documentación de la CSJ, generalmente se toma una semana para llegar a la oficina del mandatario de los colombianos.