Con 74 votos de 82 diputados presentes en la sesión, los diputados reformaron la Carta Magna y le quitaron, entre otras funciones, al presidente el derecho de ratificar y destituir ministros, diplomáticos y otros cargos del gobierno.

La reforma parcial fue precedida por una breve discusión y una tímida exposición de oposición a los cambios por parte de la legisladora del minoritario partido Camino Cristiano, Delia Arellanos, y del disidente liberal Miguel López.

Arellanos acusó a sus colegas de "ligereza" al modificar "las reglas del juego" del sistema político en Nicaragua a medio período de gobierno de Enrique Bolaños, lo cual dijo enviará una señal equivocada a inversionistas y empresarios.

"Cuando se cambian las reglas a medio juego, siempre va a haber un perdedor y en esto, el perdedor es el pueblo de Nicaragua", sentenció.

La legisladora dejó además entrever la posibilidad de que estas modificaciones oculten "odio, resentimiento, revanchismo" en contra de Bolaños, -quien ha librado una férrea lucha contra la corrupción- a quien "le quedan dos años de su período, ya va de salida".

En su intervención, la diputada sugirió reformar esas leyes de modo que entren en vigor en 2007, cuando inicie su período presidencial la persona electa en los comicios de 2006.

Los artículos reformados se refieren a organización de Estado y la nueva atribución del Legislativo de ratificar nombramientos de ministros, viceministros, directores de entes autónomos y gubernamentales y jefes de misiones diplomáticas en el exterior.

Los diputados podrán interpelar a los burócratas, quienes tendrán la "obligación ineludible de rendir" cuentas y si se considera que no es apto para el cargo, con el 60% de los votos pedirían al Ejecutivo la remoción del funcionario en tres días.

La ratificación de ministros y otros cargos se hará en un plazo no mayor de 15 días hábiles con el voto favorable del 60% de los diputados. El nombramiento sólo se considerará en firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique.

El Congreso también elegirá al superintendente y vicesuperintendente de bancos, al fiscal general de la República y al fiscal adjunto, además de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría y el Superintendente de Servicios Públicos.

Los candidatos propuestos para los cargos no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el presidente de la República, ni con los diputados proponentes en un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Asimismo, el Presidente tendrá que explicar los motivos para un veto artículo por artículo, para que los diputados tengan opción de rechazar o aprobar cada uno y no reduzca a "todo o nada".

El paquete de reformas fue aprobado por los legisladores de los opositores Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Las enmiendas deberán ser ratificadas en una segunda legislatura en 2005 para su entrada en vigor.

Serán las terceras enmiendas desde que entró en vigor la Constitución en 1987 durante el régimen sandinista.