"Todos los colombianos estamos anhelando el regreso de las personas al seno de sus hogares, que se entienda que no pueden utilizar el horroroso crimen del secuestro como mecanismo de lucha", dijo el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, a Radio Caracol.

Pero la principal guerrilla izquierdista del país, que lleva cuatro décadas intentando tomarse el poder, aún no se ha pronunciado.

Con este último gesto, el gobierno busca mejorar el clima que permita la liberación de una veintena de políticos, una treintena de miembros de la fuerza pública y a tres contratistas civiles estadounidenses secuestrados por las FARC, a cambio de la excarcelación de rebeldes.

Uribe indultó el jueves a 23 guerrilleros acusados de rebelión, es decir, que incurrieron en el delito de integrar un grupo armado ilegal.

Sin embargo, los rebeldes condenados por ese delito, generalmente tienen bajo rango y no están entre los cuadros que busca liberar las FARC con el canje.

Entre estos guerrilleros de primer orden se encuentran la jefe de finanzas "Sonia" y el ex negociador "Simón Trinidad", sobre quien pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico.

A pesar de que Uribe aclaró que los indultos no significa que tenga "mano blanda", el mandatario que llegó al poder con la promesa de doblegar a las guerrillas ha venido flexibilizando sus posiciones sobre el acuerdo humanitario.

En mayo, el gobierno aceptó que no sean liberados todos los secuestrados por las FARC. Esto implicó que en el acuerdo entrarían sólo los plagiados "canjeables" para los rebeldes. Se dejó por fuera a las personas retenidas por fines económicos.

Luego en agosto, se envió una propuesta a las FARC para liberar a 50 guerrilleros si ese grupo dejaba en libertad a los 59 secuestrados "canjeables". Francia y Suiza operarían como facilitadores.

Por último, en noviembre el gobierno propuso una reunión a las FARC en la Nunciatura y se declaró dispuesto a liberar de forma unilateral a 15 guerrilleros.

Ante todas estas ofertas, la guerrilla siempre ha respondido con la misma carta: exige la desmilitarización de dos municipios para negociar el acuerdo humanitario; demanda que todos los guerrilleros presos sean liberados; y aclara que éstos deben volver a combatir. Estas condiciones son inaceptables para Uribe.

De todas maneras, el último gesto del gobierno fue aplaudido por la OEA, la Unión Europea y los familiares de los secuestrados.