La IV Sala del Tribunal escuchó durante casi cuatro horas los alegatos de la defensa y de la acusación respecto de la decisión del juez Juan Guzmán, que el pasado lunes procesó a Pinochet por nueve secuestros y un homicidio calificado cometidos en el marco de la Operación Cóndor.

Dicha operación fue una coordinación entre los servicios secretos de las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores en los años 70 y 80.

También la Corte de Apelaciones deberá pronunciarse sobre la validez jurídica del arresto domiciliario del ex gobernante de facto (1973-1990) ordenado por el juez simultáneamente con su procesamiento.

El magistrado, sin embargo, resolvió posteriormente aplazar la notificación del proceso y del arresto hasta que los tribunales superiores resuelvan sobre el recurso de amparo, que con seguridad llegará a la Corte Suprema, según fuentes del caso.

Durante la audiencia el defensor del general, Pablo Rodríguez, adujo que la resolución del juez es ilegal, pues el imputado está imposibilitado de enfrentar un juicio por razones de salud.

Según los resultados de unos exámenes médicos a que fue sometido por orden del mismo Guzmán, Pinochet padece, además de diversos males originados en una diabetes, una demencia subcortical.

En su resolución del lunes pasado, el juez consideró que el sistema penal vigente en Chile no requiere de la comparecencia del inculpado.

También Guzmán ha señalado que si bien Pinochet presenta una deteriorada condición física, no está demente, como quedó en evidencia en una larga entrevista que concedió en 2003 a un canal de televisión de Miami.

En los alegatos también intervinieron siete abogados querellantes, entre ellos Eduardo Contreras, quien hizo ver que el defensor en ningún momento alegó la inocencia de Pinochet y solamente se remitió a insistir en su estado de salud.

La acción entablada por la defensa de Pinochet repite la estrategia que siguió hace cuatro años, cuando el general fue procesado por el mismo juez Guzmán en el caso de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que ejecutó a decenas de presos políticos en 1973.

En esa ocasión, la defensa emprendió una serie de acciones legales tendentes a dilatar la notificación del procesamiento y la filiación (prontuario) del general.

En esa oportunidad, la Corte Suprema sobreseyó el caso debido a la demencia subcortical del inculpado.