Con la oposición de los socialistas, en el Gobierno de España, y el Partido Popular, este polémico proyecto consiguió la luz verde de la cámara autónoma al superar la barrera necesaria de los 38 apoyos.

El plan obtuvo 35 votos en contra y 39 a favor: tres de Sozialista Abertzaleak (otros tres parlamentarios regionales de esta formación se manifestaron en contra) y 36 del tripartito integrado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Euskal Alkatasuna (EA) e Izquierda Unida (IU).

Mientras Ibarretxe anunciaba que pedirá al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la apertura de negociaciones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo central anunciaba que se opondrá en el Parlamento nacional al proyecto soberanista.

El Gobierno central "quiere asegurar a todos los ciudadanos españoles que garantizará el cumplimiento escrupuloso de la Constitución y del papel que en la misma se asigna a las instituciones democráticas", según una declaración institucional leída por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Según Sevilla, el Plan Ibarretxe "no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado ni aplicado".

Rodríguez Zapatero y el líder del conservador Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ratificaron su coincidencia en la oposición al Plan Ibarretxe y acordaron reunirse después del 6 de enero próximo.

Además, el PP pidió al Ejecutivo "la inmediata impugnación" ante el Tribunal Constitucional del acuerdo del Parlamento vasco para aprobar este proyecto, que "es desde hoy también el plan de ETA", en palabras del secretario general del Partido Popular, Angel Acebes.

El Plan Ibarretxe defiende la voluntad de "tener un nuevo pacto político de convivencia, basado en la libre asociación" con España, aboga por el "reconocimiento de la nacionalidad vasca compatible con la nacionalidad española" y, por este motivo, quiere reformar el actual Estatuto de Autonomía vasco, el marco jurídico y político que rige esa comunidad desde hace 24 años.

Con su aprobación por mayoría absoluta en la cámara vasca, el plan cumple el primer requisito fijado en el Estatuto de Autonomía y luego, una vez remitida al Congreso, la reforma requerirá la luz verde de las Cortes Generales del Estado mediante ley orgánica.

Ahora, tendría que abrirse un proceso negociador con el Estado, que no debería superar los seis meses, y, en caso de ser aprobado el resultado de la negociación por las Cortes Generales y el Parlamento vasco, sería sometido a referéndum en la sociedad vasca.

Antes de la votación ya se preveía que el proyecto saldría adelante, pues el portavoz de Sozialista Abertzaleak en esa cámara, Arnaldo Otegi, anunció que tres de sus seis parlamentarios lo apoyarían, lo que permitiría su aprobación.

Otegi leyó durante su intervención una carta del histórico dirigente de ETA y parlamentario prófugo de la Justicia José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", a favor de la autodeterminación y en contra de las reformas estatutarias.

El Plan, planteado por primera vez por Ibarretxe en 2002, subraya que el "Pueblo Vasco o Euskal Herria es un Pueblo con identidad propia", que "tiene derecho a decidir su propio futuro" conforme al derecho de autodeterminación de los pueblos, y propone la creación de una comunidad vasca "libremente asociada al Estado español" que "no supone renuncia a los derechos históricos del pueblo vasco".

El País Vasco ya posee amplias competencias en materias como hacienda, educación y sanidad y el proyecto plantea la asunción de otras como la Seguridad Social o las prisiones que actualmente no tiene, así como la creación de un Poder Judicial autónomo.

GOBIERNO ESPAÑOL SE OPONDRÁ A PLAN SOBERANISTA VASCO

El Gobierno español se opondrá en el Parlamento nacional al plan soberanista aprobado en la cámara autónoma vasca, que pretende dar al País Vasco un estatus de libre asociación con España, según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

El llamado Plan Ibarretxe "no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado ni aplicado", dijo Sevilla, quien leyó una declaración institucional en la que se dice que el Ejecutivo central "quiere asegurar a todos los ciudadanos españoles que garantizará el cumplimiento escrupuloso de la Constitución y del papel que en la misma se asigna a las instituciones democráticas".