BOGOTA, Colombia, feb. 4, 2005.- Donantes internacionales manifestaron el viernes su apoyo a los esfuerzos del Gobierno colombiano por desmovilizar a los paramilitares, pero dijeron que no contribuirán con dinero hasta que no se les juzgue por sus crímenes. "Es importante que haya un marco legal y penas", dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico Bill Rammel, al final de dos días de conferencia de donantes en la ciudad caribeña de Cartagena. "Una vez que esto exista, en ese momento estaremos en posición de apoyar el proceso", aseguraron los donantes.
En entrevista telefónica, Rammel dijo que el presidente colombiano Álvaro Uribe les aseguró que el gobierno concertará con el Congreso para aprobar una legislación que haga que los grupos paramilitares respondan por sus crímenes antes de junio.
Los esfuerzos de Uribe por desmantelar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tendrían unos 13 mil combatientes son pieza fundamental para disminuir la intensidad de la guerra interna de 40 años y que causa la muerte de más de 3 mil 500 personas al año.
Pero Uribe necesita angustiosamente el dinero para financiar programas de reinserción a la vida civil para los miles de desmovilizados.
El viernes, un centenar de ex combatientes, muchos de ellos con sus caras cubiertas con pasamontañas y ondeando banderas blancas de la paz, realizaron una demostración en Bogotá.
Ellos acusan al gobierno de no cumplir con sus promesas de entregar beneficios para reconstruir sus vidas.
El proceso de desmovilización con las AUC es atacado por grupos de derechos humanos y senadores, que acusan a Uribe de ofrecer una negociación muy favorable a los señores de la guerra, acusados de crímenes de agravio a la humanidad y narcotráfico.
Los paramilitares surgieron en la década del 80 para combatir a las guerrillas izquierdistas y acabaron realizando una guerra sucia de masacres y asesinatos de izquierdistas, líderes comunitarios y campesinos. Estarían fuertemente involucrados en el narcotráfico.
Un grupo de congresistas encabezados por el senador Rafael Pardo presentaron el jueves un proyecto de ley que exige que a cambio de una negociación de paz, los jefes paramilitares confiesen sus crímenes, identifiquen a sus colaboradores, desmonten sus operaciones ilegales, como el narcotráfico y entreguen sus ganancias.
El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo atacó el viernes a los legisladores, al afirmar que con esos términos serían rechazados por los paramilitares porque eran excesivamente duros.
"Su contribución a la paz debe ser tenida en cuenta", dijo Restrepo.
Uribe afirmó en su discurso en la conferencia de donantes que el gobierno busca juzgar a los culpables de crímenes, pero que debe haber un balance entre paz y justicia.