La CC ordenó al juez responsable del proceso que se separe del cargo y remita el expediente a la Sala de Apelaciones para que determine si la matanza quedó prescrita por la amnistía contenida en la Ley de Reconciliación Nacional, según la resolución.

El dictamen emitido "sienta un precedente funesto que puede afectar los juicios por otro tipo de masacres" durante la guerra, afirmó el director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos Miguel Alvizures.

Según una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas, en el país se registró un total de 626 masacres de población civil, la gran mayoría atribuidas al ejército.

Para Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que colaboró con los familiares de las víctimas en la búsqueda de un resarcimiento, el fallo "es un componente más de la impunidad que impera".

El abogado Edgar Pérez, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) que actúa como querellante en el caso, criticó que en fallos anteriores la Corte había manifestado que lo actuado por el juez era correcto," pero ahora vienen y dicen que hay que dirimir lo de la Ley de Reconciliación Nacional".

La masacre en la aldea Dos Erres, de Petén, a unos 450 kilómetros al norte de la capital, fue cometida por un pelotón de soldados "kaibiles", especialistas en contrainsurgencia que acusaron a los pobladores de simpatizar con la guerrilla, según el informe de la comisión de la verdad. 162 osamentas fueron recuperadas en el lugar en 1994: 67 correspondías a niños menores de 12 años.

Ante las evidencias, Guatemala aceptó en el 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad institucional de lo ocurrido y suscribió un acuerdo de solución amistosa con Famdegua, CEJIL y los sobrevivientes de las víctimas.

En ese acuerdo, el país se comprometió a dignificar la memoria de las víctimas a través de un programa de resarcimiento moral y económico para los sobrevivientes y a asegurar la aplicación de la justicia.

Long dijo que con base en el nuevo dictamen de la CC "procedería separarnos de la solución amistosa y pedirle a la CIDH que valore la posibilidad de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... bajo el punto fundamental de denegación de justicia" a las víctimas.

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos Frank La Rue calificó la resolución como "absolutamente escandaloso para el estado guatemalteco... es un golpe muy duro y una burla a ellos (los familiares) porque después de años de pelear por la justicia... me parece inconcebible que basándose en interpretaciones un poco jaladas (dudosas) la Corte haya decidido anular el proceso".

Afirmó que "vamos a apoyar a las víctimas en sus gestiones por justicia a nivel internacional".

Informes oficiales indican que en los tribunales actualmente se ventila únicamente un juicio en el que pretende se aplique justicia en 20 de esos casos que tienen características de genocidio.