BRASILIA, Brasil, feb. 17, 2005.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este jueves con sus principales ministros preocupado por la violencia en la Amazonía, que se ha agravado con los asesinatos de una misionera estadounidense y otras tres personas, lo que obligó el envío de tropas del Ejército a la región.

Tras la reunión no se anunció medida alguna, pero fuentes oficiales informaron de que el gobernante anunciará en breve varios proyectos e iniciativas para imponer la ley y el orden en la zona de conflicto, especialmente en el estado norteño de Pará, que ha sido escenario de los peores casos.

En Pará se registraron en los últimos días cuatro muertes violentas por disputas de tierras entre campesinos pobres y latifundistas, problemas que existen desde hace años y que se agravaron en las últimas semanas.

Esos delitos motivaron la reunión de hoy de Lula con el vicepresidente y también ministro de Defensa, José Alencar, y con los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Marina Silva; Hacienda, Antonio Palocci, y Justicia, Marcio Thomaz Bastos.

Al encuentro con Lula también acudieron, entre otros, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Jorge Armando Félix, y el Secretario Especial de Derechos Humanos, Nilmario Miranda.

Entre las probables medidas para acabar definitivamente con el conflicto se evaluó la creación de dos inmensas áreas de preservación ambiental en la localidad de Anapu, interior de Pará, que ocuparían un territorio de unos 40 mil kilómetros cuadrados.

El Ejecutivo brasileño considera que con ambas reservas, que pasarán a ser fiscalizadas por el Estado, podrá imponer un control directo sobre terrenos deseados por latifundistas y que algunas organizaciones criminales venden de forma irregular.

Además, evitará que madereros lleven a cabo talas ilegales en la zona.

Tales transgresiones fueron denunciadas por las víctimas de la actual oleada de violencia, entre ellas la religiosa estadounidense Dorothy Stang, de 73 años, que murió el sábado pasado tiroteada por sicarios supuestamente contratados.

El homicidio de Stang engordó la macabra lista de víctimas de los conflictos de tierras en Brasil, que, según la Iglesia católica, suma mil 349 casos en todo el país en los últimos 19 años.

Empeñado en frenar esa guerra en una tierra que muchos consideran "de nadie", el gobierno brasileño ordenó el miércoles el envío de 2 mil soldados a Anapú, municipio amazónico en el que se registraron tres crímenes. Esos soldados recibieron la orden de dar apoyo logístico a fiscales y policías federales en las acciones para retomar el control sobre el área.

El superintendente de la Policía Federal en Pará, José Salles, dijo a periodistas que con los militares "ahora sí vamos a poder hacer alguna cosa para la solución de esos problemas".

"Las fuerzas armadas son un paliativo, un cataplasma en la herida. Es necesario ir a la raíz del problema, que es la ausencia del Estado", dijo, por su parte, el presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra, el obispo Tomás Balduino.

Balduino, que dice tener una lista con los nombres de 157 personas amenazadas de muerte el año pasado por conflictos de tierras, exige una política adecuada y permanente para solucionar la cuestión.