El Departamento de Vehículos Automotores (DVA) -la dependencia que expide las licencias- "no puede ser el encargado de hacer cumplir la ley" para el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, señaló la magistrada Karen S. Smith, en su dictamen desvelado la noche del martes.

El personal de DVA, precisó, "simplemente carece de la experiencia, y, aún más importante, no ha sido dotado por la legislatura del Estado, de la autoridad para llevar a cabo esa función".

Es el segundo fallo de Smith al respecto en los últimos tres meses, luego que una organización civil interpuso una demanda para detener el programa a cargo de la DVA desde 2004, para suspender o negar licencias a personas con información personal no comprobable.

El plan del DVA incluía la revocación de licencias de 252 mil personas, la mayoría de ellos inmigrantes, pues una investigación interna comprobó que los números de registro de Seguro Social que dieron al solicitar sus licencias, resultaron ser falsos.

"La decisión de la juez manda una señal a todo el país, del reconocimiento del papel que juegan los inmigrantes en Estados Unidos", dijo el cónsul general de México en Nueva York, Arturo Sarukhán.

Refleja, agregó, "que el tema de las licencias no es la manera de resolver los retos que enfrenta el país en materia migratoria, ni los de seguridad del país" después de los atentados de septiembre de 2001.

La decisión que la juez Smith emitió en febrero fue anulada de inmediato con la apelación de las autoridades estatales, que se esperan que hagan lo propio con el dictamen del martes.

Sarukhán, quien trabajó junto al Fondo para la Defensa Legal y Educación Puertorriqueño, que interpuso la demanda original, reconoció que la inminente promulgación de la "Real ID ACT" dejaría sin efecto práctico también, la decisión de la juez Smith.

CONDENAN DEFENSORES DE MIGARNTES LA REAL ID

Grupos defensores de derechos de los inmigrantes atacaron la aprobación en el Senado de una nueva serie de medidas para la entrega de licencias de conducir, que buscan evitar el terrorismo.

Los activistas señalaron que estos esfuerzos no garantizan la seguridad del país y fortalecen la hostilidad contra los extranjeros en Estados Unidos.

"Esta es una ley claramente antiinmigrante que va a tener un impacto muy dañino en la comunidad latina y en todas las comunidades de inmigrantes", señaló Michele Waslin, directora del centro de investigación sobre políticas de inmigración del Consejo Nacional de la Raza.

"No nos hace ni una pizca más seguros. Ningún inmigrante será devuelto a su país de origen si se le niega una licencia de manejo", señaló Waslin.

La ley Real ID, como se le conoce, exige a los estados que constaten que las personas que solicitan una licencia de conducción se encuentran en el país legalmente.

Además, le dificultaría a los inmigrantes la posibilidad de obtener una amnistía, así como superar leyes de protección al medio ambiente para construir un muro en California a lo largo de la frontera con México.

La medida fue considerada en una cláusula de la ley de egresos de emergencia del ejército que invertirá 82 mil millones de dólares en Irak, Afganistán y la guerra antiterrorista.

Fue aprobada por la Cámara de Representantes la semana pasada y ahora fue enviada al presidente George W. Bush, quien deberá firmarla.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que la medida es el ejemplo más reciente del creciente clima de hostilidad en Estados Unidos contra residentes nacidos en otros países, un clima que ha empeorado dramáticamente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y que es alimentada continuamente por la guerra en Irak.

"Estados Unidos es una nación de paradojas: somos un país de inmigrantes y sin embargo agredimos a los inmigrantes", señaló Wade Henderson, presidente del Consejo de Liderazgo en Derechos Civiles, un grupo de coalición de Washington, DC que en marzo preparó una petición que fue suscrita por otras 64 organizaciones miembros, en la que piden a los legisladores que voten en contra de la ley.

"La ley Real ID es el ataque más asqueroso contra los derechos de los inmigrantes desde la más reciente renovación de las leyes de inmigración en 1996", señaló Henderson.