Alsogaray, que este miércoles recuperó la libertad tras pasar 21 meses en prisión por presuntos actos de corrupción cometidos durante la década pasada, ratificó sus denuncias acerca de los sobresueldos ante el fiscal Paulo Starc, informaron fuentes judiciales.

En tanto, una jueza declaró la inconstitucionalidad del carácter "secreto" de una ley que autoriza al Estado argentino a disponer de unos "fondos reservados" que pudieron haber sido utilizados para abonar sobresueldos a funcionarios.

Alsogaray brindó una extensa declaración indagatoria ante el fiscal Starc, quien recientemente recibió un peritaje según el cual el monto de los sobresueldos pagados de 1989 a 1999 fue de unos 4 mil millones de pesos (en aquella época, igual a dólares).

La ex funcionaria había hablado por primera vez sobre estas presuntas prácticas ilegales el año pasado, cuando fue sometida a juicio y condenada a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Pero en abril último reveló más detalles sobre los sobresueldos, al confesar que como secretaria de Estado llegó a cobrar hasta 40 mil dólares mensuales al margen de su salario y que en el caso de los ministros la suma extra rondaba los 100 mil dólares.

Aunque este caso es investigado desde hace un año, las recientes revelaciones de Alzogaray generaron un gran escándalo y la semana pasada el presidente argentino, Néstor Kirchner, reclamó que "sea la Justicia la que proceda" y que "los delincuentes vayan presos".

Alsogaray solicitó declarar ante el fiscal Starc luego de que Domingo Cavallo, quien fue ministro de Relaciones Exteriores y de Economía durante el gobierno de Menem, acusase a la ex funcionaria de montar una "operación" en torno a los sobresueldos.

Cavallo había señalado que existe un "confusión" sobre el pago de salarios extraordinarios con fondos reservados estatales y que la causa que investiga Starc es "fruto de una operación destinada a que quede sin castigo el enriquecimiento ilícito" de Alsogaray.

El juez a cargo del caso, Jorge Ballestero, citó a prestar declaración indagatoria la semana próxima a Cavallo, y a Oscar Camilión y Raúl Granillo Ocampo, quienes fueron ministros de Defensa y de Justicia, respectivamente, en la administración de Menem.

Ante el fiscal Starc, Alsogaray reiteró que en la década pasada los "pagos complementarios" a ministros y secretarios de Estado se efectuaban al amparo de la ley 18 mil 302, una norma secreta que autoriza al Ejecutivo a disponer de "fondos reservados".

Pocas horas después, la jueza Clara Do Pico declaró "inconstitucional" el carácter "secreto" de esa ley y de cualquier otra norma de ese tipo, siempre y cuando su conocimiento público no "ponga en riesgo la subsistencia de la república o la seguridad de la comunidad".

En su resolución, la magistrada advirtió que a nivel normativo la Constitución argentina "no ampara las leyes secretas", cuya existencia "podría encontrar su justificación en los principios del estado de necesidad".

Al hacer lugar a una solicitud efectuada por el abogado Ricardo Monner Sans, cuya denuncia dio inicio a la causa judicial por los sobresueldos, Do Pico consideró que la excepción a la publicidad de las normas está dada sólo por "graves asuntos de Estado".