"No es una práctica usual comentar sobre asuntos de extradición", dijo el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, en una respuesta por escrito a una pregunta formulada previamente por un reportero.

"Sin embargo, ya que el gobierno venezolano hizo el anuncio, en este caso, podemos confirmar el recibo de una solicitud, que procesaremos de acuerdo con los procedimientos normales que se aplican a tales peticiones", indicó Boucher.

El vocero canalizó a la prensa al Departamento de Justicia "para información adicional".

El gobierno de Venezuela solicitó este viernes a Estados Unidos la detención con fines de extradición de Posada Carriles.

La solicitud, turnada a la oficina legal del Departamento de Estado, fue hecha en sustento de la orden girada por el Juzgado 36 de Primera Instancia en lo Penal de Caracas, sancionada a su vez por el Tribunal Supremo de Justicia el 27 de abril de 2005.

El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Bernardo Álvarez, explicó que el legajo presentado el viernes constituyó apenas el primer paso de las acciones que involucra el proceso de extradición.

Álvarez explicó que ahora corresponderá a las autoridades estadounidenses evaluar el caso y aunque precisó que no existen plazos legales, "creo que por la sensibilidad del caso, esperamos que haya respuesta rápida".

En 1976, la Corte de Primera Instancia Criminal del Circuito Federal y Estado Miranda en Venezuela determinó la culpabilidad y responsabilidad criminal de Orlando Bosch y Luis Posada como coautores del atentado al avión CU455 de Cubana de Aviación.

Por este hecho Posada Carriles recibió una sentencia como coautor en los delitos de homicidio agravado y manufactura de armas de guerra, y en 1985, tras varios intentos, se fugó de la cárcel donde se encontraba recluido y huyó del país.

El 21 de agosto de 2001, tras su detención en Panamá bajo cargos de posesión de explosivos, Venezuela solicitó la extradición de Posada Carriles, acusado entonces de planear un atentado contra el presidente cubano Fidel Castro, de visita en aquella nación.

La Fiscalía panameña desestimó las acusaciones de intento de asesinato, pero condenó a los cubanos a penas de entre siete y ocho años de cárcel por posesión ilegal de explosivos, asociación ilícita para delinquir y delitos contra la seguridad colectiva.

El gobierno panameño rechazó la petición venezolana de extradición y después, la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso, los indultó días antes de dejar el cargo en diciembre de 2004.