El ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, anunció en una rueda de prensa que "el presidente ha tomado su decisión" sobre la ley aprobada por el Congreso el pasado 5 de mayo.

El mandatario tenía plazo hasta hoy para promulgar, vetar u observar la normativa, pero optó por dejar que expirara sin inclinarse por alguna de esas opciones.

El artículo 78 de la Constitución señala que, habiendo transcurrido el plazo, "la ley queda automáticamente promulgada a partir de la firma que haga el presidente del Congreso y será de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de su publicación", anunció.

Por tanto, al presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, le corresponde firmar el texto objetado por las multinacionales petroleras.

Galindo manifestó que Mesa ha actuado consecuentemente ya que, en marzo pasado, "él manifestó que no iba a promulgar esta ley" y, como considera que la discusión sobre el texto legal pone en juego la unidad del país, la mejor opción es la que ha tomado.

El gobernante opina que la normativa podría conducir a una demanda contra el Estado de Bolivia por parte de las petroleras por el cambio de reglas de juego que supone.

En Bolivia operan las trasnacionales Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf y British Petroleum, que poseen el control de la mayoría de las reservas de gas natural, las mayores de Sudamérica después de las de Venezuela, con un volumen de 48.7 billones de pies cúbicos.

El hallazgo de esta riqueza natural fue posible gracias a la llegada de estas compañías en la década pasada, atraídas por una ley atractiva para la inversión que permitió la firma de 72 contratos.

Esa ley quedará anulada con la inminente promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos, que establece la creación de un nuevo impuesto a la producción del 32 por ciento que se suma a la regalía o pago fijo por explotación del 18 por ciento, ya vigente.

Además, obliga a las empresas a suscribir nuevos contratos y otorga al Estado boliviano un rol más participativo del que tenía, en cumplimiento de los puntos aprobados por un referéndum celebrado en julio pasado para definir una política energética nacional.

De promulgarse la ley, las empresas trasnacionales han insinuado que acudirán a los tribunales para demandar al Estado, algo sobre lo que advirtió Mesa en varias ocasiones.

Consultado sobre si el mandatario conversó con alguna compañía antes de dar el paso, el ministro de Presidencia declaró que Mesa "no tiene que consultar con ninguna".

La nueva Ley de Hidrocarburos es rechazada también por las organizaciones sindicales de la conflictiva localidad de El Alto que el lunes marcharon por la ciudad de La Paz demandando la nacionalización del gas natural y el petróleo y por los mineros que mantienen bloqueadas varias rutas del occidente y del centro del país.

El Movimiento Al Socialismo también cuestiona la posición de las autoridades aunque apunta a lograr un texto más radical con el incremento del porcentaje de regalía a un 50 por ciento, así como la obligación de consultar a los pueblos indígenas para realizar nuevas explotaciones.

CONTINÚAN LAS PROTESTAS

La decisión de Mesa se dio a conocer en un ambiente de protestas sociales para pedir la nacionalización de los hidrocarburos y obliga a Vaca Díez a firmar una ley que ha sido cuestionada por las multinacionales petroleras.

Las protestas sociales iniciadas el lunes se centraron este martes en el bloqueo de carreteras, mientras que las ciudades de La Paz y El Alto recuperaron hoy una relativa tranquilidad.

Tras las ruidosas movilizaciones callejeras del lunes, las dos urbes amanecieron hoy casi normalizadas, salvo por la huelga del magisterio, mientras los bolivianos aguardaban conocer la decisión del presidente, Carlos Mesa, sobre la ley petrolera.

El Servicio Nacional de Caminos confirmó que el bloqueo de las carreteras, realizado en su mayoría por los grupos de mineros asociados en cooperativas, se ha extendido a cuatro vías principales, incluyendo dos con conexión internacional en el occidente del país.

Inicialmente, los mineros emprendieron sus medidas de presión en demanda de mejoras para el sector, pero luego se añadieron a ellas las reclamaciones de los vecinos de El Alto de recuperar el control estatal sobre los hidrocarburos.

Según el informe de las autoridades de tráfico, están cortadas las carreteras entre la ciudad de La Paz y el santuario de Copacabana, por donde se ingresa a territorio peruano, bordeando el lago Titicaca, y el departamento de Oruro, fronterizo con Chile.

El acceso desde Oruro hacia Potosí y la central Cochabamba, que permite el paso al oriente del país, también ha sido bloqueados por los manifestantes.

Mientras, se cumple hoy su segundo día una marcha hacia La Paz desde el altiplano organizada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el principal partido opositor del Gobierno, que está liderado por el dirigente indígena y diputado Evo Morales.

La caminata engrosada por campesinos tardará una semana para unir los 199 kilómetros que separan a la localidad de Caracollo de la capital paceña.

Esta movilización no exige la nacionalización, pero reclama a Mesa que tome una decisión en cuanto a la subida del 18 al 50 por ciento de la regalía que pagan las multinacionales petroleras que operan en Bolivia, lo que, según el mandatario, puede exponer al país a demandas judiciales internacionales.