La advertencia fue realizada por el dirigente minutos después de que el presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, firmara la norma para ponerla en vigor, una vez que el Jefe de Estado, Carlos Mesa, dejase en sus manos esa responsabilidad.

Según Morales, esa norma aún tiene varios puntos "que no se pueden aceptar" y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), propone hacer los cambios a través de un nuevo proyecto de ley.

Paralelamente ratificó que la marcha campesina que se inició el lunes en la localidad de Caracollo, a 199 kilómetros al sur de La Paz, seguirá adelante y anunció que él se incorporará el próximo lunes para engrosar movilizaciones destinadas a lograr las modificaciones legales.

Los cambios deben comenzar, según el diputado del MAS Santos Ramírez, con la anulación de los 72 contratos de explotación de gas y petróleo suscritos entre el Estado y las compañías petroleras en la década pasada.

La ley promulgada establece una "migración obligatoria" de los contratos a la nueva legislación en un plazo de 180 días, lo que para el MAS debe convertirse en una anulación directa, luego de que el Tribunal Constitucional cuestionara la legalidad de los acuerdos con las empresas por no haber sido ratificados en el Congreso.

El otro cambio de fondo es la propuesta de subir el pago de la regalía de 18 a 50 por ciento, que el MAS considera "la única forma de garantizar" que el Estado consiga la mitad de los beneficios del negocio del gas, pues cree que el nuevo impuesto de 32 por ciento no asegura el ingreso esperado.

El partido de los "cocaleros" bolivianos también pidió reforzar la figura de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como actor en toda la cadena productiva en el sector petrolero.

También propone que YPFB fije los precios del gas para el mercado interno, actualmente liberado a las variaciones del mercado, y que se reponga el derecho de los pueblos indígenas a vetar operaciones en sus territorios si no alcanzan acuerdos con las empresas.

Para defenderse de los grupos sindicales y sociales que le piden encabezar una lucha por una efectiva nacionalización del negocio de los hidrocarburos, el diputado Morales opinó que el Gobierno es el que debería ejercer el derecho de propiedad sobre los recursos energéticos con "la toma física de los campos" petroleros.