La decisión del máximo tribunal estadounidense se basa en que el caso del condenado, José Ernesto Medellín, ya fue cubierto por una decisión del presidente George W. Bush de solicitar a varios estados la revisión de las penas a muerte impuestas a 51 mexicanos debido a esa falta de acceso a las autoridades consulares.

A pesar de ello, Medellín decidió presentar una apelación por su cuenta, en la que argumentaba que tenía derecho a que un tribunal federal revisara su sentencia de muerte, porque sus derechos habían sido violados al no tener acceso a asesoramiento consular.

El Supremo, por 5 votos contra 4, decidió enviar el caso de vuelta a los tribunales estatales, "en vista de la posibilidad de que el estado de Texas ofrezca a Medellín la revisión que busca".

Medellín, un ciudadano mexicano, fue condenado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de dos adolescentes, perpetrados en la ciudad de Houston.

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictaminó en 2004 que Estados Unidos debía revisar las condenas a muerte de los 51 mexicanos debido a que no se les informó de su derecho a obtener asesoramiento legal de las autoridades consulares mexicanas.

En febrero pasado, Bush ordenó, a través del Departamento de Justicia, que los estados donde fueron condenados los 51 mexicanos revisen esas sentencias para determinar si el hecho de que no se les notificaran sus derechos a asistencia consular, en violación de la Convención de Viena, afectó a sus sentencias.

La Convención de Viena, que Estados Unidos ratificó en 1969, establece que las autoridades deben notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia legal de sus consulados, y además deben comunicar la detención a las representaciones diplomáticas.