"Los movimientos sociales tienen una visión expresada de manera muy parcial y muy radicalizada por pequeños grupos con gran capacidad de vocinglería y de ruido. Pero no son masivos en el contexto de cómo entender un movimiento", aseguró.

Expuso que, a diferencia de lo que sucede actualmente, en octubre de 2003 Sánchez de Lozada perdió totalmente el respaldo popular y se generó un nivel de violencia descontrolada, con casi 60 muertos en dos semanas.

Agregó que en aquel momento los movimientos sociales lograron una unidad de criterios en torno a un tema: la venta y exportación del gas boliviano.

Reconoció que hay temas en los que no ha podido lograr un acuerdo con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, ya que el presidente no tiene un partido que lo respalde, lo que hace que el país viva en un momento excepcional.

Sin embargo, aseguró que no renunciará, ya que cuando planteó en marzo su salida del poder y el adelanto de comicios el Legislativo rechazó su iniciativa.

"Mi obligación, según el mandato constitucional, está fijada hasta el 6 de agosto de 2007 y no cambiará", dijo.

Afirmó que su decisión de no firmar la Ley de Hidrocarburos estuvo vinculada a dos factores: "La consideración de conciencia, de no promulgar una ley que no me parece que le haga bien a Bolivia, y la consideración de la estabilidad democrática".

La legislación, aprobada por el Parlamento de Bolivia la semana pasada, ha generado protestas de grupos indígenas y sectores laborales que piden la nacionalización, mientras se teme que empresas extranjeras paralicen las inversiones.

"La estabilidad democrática estaba en serio riesgo en la eventualidad de un veto mío, por un clima armado para ese objetivo", sostuvo Mesa.

"La combinación de ambos elementos me obligó a tomar esta decisión, de la que no me arrepiento ni un milímetro. Respondo a mi conciencia al no estampar mi firma en una ley que no creo que sea útil para Bolivia, y no vetarla para evitar un descalabro del sistema democrático", puntualizó.