Michael Shelby, procurador federal para el suroeste de Texas, a cargo de la frontera entre Laredo y Brownsville, dijo que las acusaciones criminales por corrupción en la región aumentaron de cuatro en 2001, a nueve en 2002, 15 en 2003 y 17 en 2004.

En los últimos cinco meses, al menos una media docena de agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos fueron acusados en esta parte del país de aceptar sobornos por parte de traficantes de droga e indocumentados.

Shelby reconoció que espera que este tipo de acusaciones en el 2005 excedan a las registradas el año pasado, aunque las acusaciones de soborno no sólo incluyen a agentes fronterizos sino también a funcionarios públicos y escolares.

Sin embargo, los casos más frecuentes y fuertes se dan a lo largo de la frontera con México y tienen como factor principal el tráfico de drogas o indocumentados.

En un caso reciente, el 12 de mayo, el agente de la Patrulla Fronteriza Juan Alfredo Álvarez, de 35 años de edad, admitió su culpabilidad por haber recibido junto con su hermano cerca de 1.5 millones de dólares para permitir el paso de drogas por la zona.

Las autoridades precisaron que entre junio de 2003 y abril de 2005, Álvarez y su hermano José Guadalupe, de 38 años, recibieron continuos sobornos para garantizar el paso seguro de narcóticos a través de puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo con la acusación, los traficantes lograron así introducir al norte del territorio estadounidense al menos un cargamento de entre una y dos toneladas de marihuana por mes.

Álvarez era veterano de la Patrulla Fronteriza experto en el manejo de perros olfateadotes estacionado en Hebbronville, Texas, que tenía a su cargo administrar los puntos de revisión a lo largo de la carreteras estatales 359 y 16, claves para el paso de drogas hacia el norte.

Su hermano, José Guadalupe, estaba a cargo de coordinarse con los traficantes y recibir la información de las características de los camiones que pasarían con la droga.

En otros casos, Gerardo Díaz, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de 43 años de edad, estacionado en El Paso, se declaró culpable de aceptar un soborno de 15 mil dólares para permitir el paso de cinco kilogramos de cocaína a través de uno de los puentes internacionales de esa frontera. Díaz fue sentenciado en marzo pasado a ocho años de prisión.

También en abril pasado, Fabián Solís, un inspector de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de 41 años, fue declarado culpable de aceptar 300 dólares de soborno por cada inmigrante indocumentado que permita pasar por los puentes internacionales en las comunidades de Roma y Río Grande, Texas.

En enero pasado, las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra el inspector aduanal Lizandro Martínez, tras sospechar de que recibía sobornos de narcotraficantes luego que se le descubrió que poseía varias casas, con un sueldo de 55 mil dólares al año.

Una de las casas estaba valuada en más de medio millón de dólares y contaba con alberca, una cabaña, cinco baños y una sala de cine.