Bush renovó su petición al Congreso de que renueve y amplíe la denominada "Ley Patriota", mientras un creciente número de legisladores, incluso de su mismo partido, han expresado su preocupación sobre los efectos de la ley en los derechos civiles.

El presidente aseguró que gracias a la Ley Antiterrorista fueron convictos más de 200 terroristas y rechazó que la legislación haya violado las libertades civiles.

"Para el estado de nuestra seguridad nacional, el Congreso no debe levantar nuevamente un muro entre los organismos policiales y los de espionaje", indicó el mandatario a una audiencia en la que figuraban unos 100 policías estatales uniformados en la Academia de la Policía Estatal de Ohio.

Bush describió varias situaciones peligrosas que según dijo fueron evitadas por los organismos de seguridad, tanto policiales como de espionaje, mediante una estrecha colaboración gracias a los poderes otorgados por la ley.

En el país, cerca de 400 localidades y siete legislaturas estatales han aprobado resoluciones para exigir una revisión de la ley antiterrorista.

La Ley Antiterrorista, aprobada poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, amplió los poderes policiales para, por ejemplo, vigilar a los estadounidenses en todo sitio público y acceder a todos sus archivos personales.

También amplía la vigilancia a los sospechosos de terrorismo y permite que las autoridades migratorias realicen procedimientos en secreto cuando lo consideren necesario.

Un total de 16 de las cláusulas de la ley antiterrorista fueron aprobadas de forma temporal y vencen este año, y la Casa Blanca ha estado presionando al Congreso para que les dé validez permanente.

El Comité de Inteligencia del Senado aprobó la ampliación de los poderes administrativos para el FBI, pero aún no hay fecha para la votación final para la renovación de toda la ley antiterrorista.

"Las amenazas terroristas no vencerán a finales del año, como tampoco deberían vencer las protecciones incluidas en la Ley Patriota", insistió Bush ante un auditorio de más de un centenar de agentes de policía en Columbus, Ohio.

Entre otros elementos, el gobierno de Bush quiere que, además de autorizar el mantenimiento de las cláusulas, el Congreso amplíe los poderes del FBI para obtener ciertos documentos sin el debido permiso de un juez o un jurado de investigación.

Algunos legisladores de ambos partidos y grupos defensores de los derechos civiles han expresado preocupación porque la ley antiterrorista pueda atropellar los derechos civiles de la población.

Lisa Graves, abogada de la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU), acusó a Bush de engañar al pueblo estadounidense sobre el verdadero alcance de la ley antiterrorista, a la que también tachó de "inconstitucional".

Bush alegó en su discurso que no se han cometido abusos bajo la ley antiterrorista, pero la ACLU señaló el caso de Brandon Mayfield, quien fue arrestado indebidamente en base a un registro secreto de su vivienda y una investigación policial llena de errores.

La senadora demócrata Dianne Feinstein dijo en un comunicado que aunque apoya la renovación de las 16 cláusulas, también quiere ver algunas modificaciones y límites en otras partes de la ley antiterrorista.