WASHINGTON, Estados Unidos, jun. 15, 2005.- El presidente de la Comisión Judicial del Senado instó el miércoles al Congreso a ayudar a definir los derechos legales de los detenidos por terrorismo en la base de la Bahía de Guantánamo. Por su parte, altos funcionarios militares defendieron el trato que se da a los presos en la base naval de Guantánamo y afirmaron que se han tomado medidas extraordinarias para proteger ciertos derechos de los prisioneros y para procesar sus casos.
Sin embargo, el senador Arlen Specter, presidente de la Comisión Judicial, afirmó que "podría ser que es demasiado difícil para que lo maneje el Congreso, quizás sea demasiado complejo para que lo maneje el Congreso, o podría ser que el Congreso quiera permanecer sin hacer nada, como acostumbramos hacerlo".
"Lo cierto es que el Congreso no ha actuado", añadió Specter.
La Comisión escuchó testimonios dentro de una investigación que examina las prácticas y las políticas que se aplican a los presos de la base de la Marina estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
La audiencia se realizó al conocerse nuevos informes de abusos de soldados estadounidenses contra prisioneros de la guerra contra el terrorismo en esa base naval.
En tanto, el legislador demócrata Pat Leahy dijo que el campamento, donde se retiene a sospechosos de terrorismo, es "embarazoso para nuestro país a nivel internacional".
Leahy, senador por el estado de Vermont, que es el principal integrante demócrata de la Comisión Judicial, dijo que si había pruebas de actos terroristas o de alguna otra actividad delictiva entre los detenidos, "encausémoslos, presentemos esas pruebas".
"Examinaremos esta cuestión sumamente espinosa acerca de cómo tratamos a nuestros detenidos", dijo el presidente de la Comisión, el senador republicano Arlen Specter.
El contralmirante James M. McGarrah, que supervisa el programa de "combatientes enemigos" de la Armada, dijo al panel que de los 558 detenidos que recibieron audiencias en Guantánamo, 520 fueron "clasificados idóneamente" como combatientes enemigos.
De los restantes 38 presos, 23 han sido dejados entretanto en libertad.
"Debido a la naturaleza altamente insólita de la guerra global contra el terrorismo, y porque no queremos detener a ninguna persona más tiempo que el necesario, hemos tomado esta medida histórica y sin precedente de establecer un proceso para permitir que los combatientes enemigos sean escuchados mientras continúa el conflicto", dijo McGarrah.
El comienzo de las audiencias está acompañado de numerosos informes acerca de abusos a prisioneros de la base naval en la costa oriental de Cuba.
La semana pasada, el presidente George W. Bush pareció plantear la posibilidad de que la prisión fuese clausurada, pero el secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld dijo el martes que pensaba en que la prisión sería necesaria durante los próximos años, y agregó que el ejército no tiene otras instalaciones donde puedan albergarse tantos prisioneros.