La votación en la Conferencia de Obispos Católicos significa que la iglesia mantendrá en lo esencial la norma que aprobó en el 2002, en el apogeo de la crisis creada por el escándalo de abuso sexual de menores por sacerdotes. Se espera que el Vaticano apruebe la extensión.

El Comité de Obispos que supervisó la revisión dispuesta por la política original solicitó durante meses la opinión de los jerarcas de la iglesia. El panel concluyó que "muchos, quizás una mayoría" de los obispos espera aligerar la prohibición. Algunos prelados consideran que viola las enseñanzas católicas sobre redención y trata todos los casos de igual forma, sin considerar la gravedad del delito.

Sin embargo, el Comité de Obispos dijo que los líderes de la iglesia consideraron que no era el momento de suavizar la política.

El escándalo fue causado por revelaciones de que muchos obispos habían transferido de parroquia a sacerdotes culpables, sin avisar a la policía. Centenares de sacerdotes acusados han sido privados de su ministerio en los últimos tres años.