Así lo informó este martes en rueda de prensa el procurador general, Alberto Novoa, al término de una reunión de Bolaños con un grupo de abogados.

Novoa recordó que en el momento en que se presentó la acusación, en octubre de 2002, no existía en el Código de Instrucción Criminal vigente entonces un procedimiento para suspender la inmunidad al presidente.

El Código de Procedimiento Penal sí contiene el mecanismo para quitar la inmunidad al presidente, pero la norma apareció el 24 de diciembre de 2002, dos meses después de haber sido presentada la acusación contra el mandatario, aseguró Novoa.

"Entonces, lo primero que hay que revisar es si existe o no ese procedimiento para el proceso del desafuero del presidente y eso es lo que se está analizando", agregó.

Sobre si Bolaños comparecerá ante la comisión, Fernando Zelaya Rojas, otro de los juristas que participó en la reunión, dijo que el presidente tomará una decisión después de oír a los letrados.

Por otra parte, el ministro de Gobernación, Julio Vega, dijo a los diputados de la comisión especial del Parlamento que estudia su posible desafuero por supuestos delitos electorales, que no tiene nada que ver con el asunto.

"No he cometido ningún delito electoral y si no hay delito, no tengo miedo a enfrentar la justicia", insistió el alto cargo.

El director de la Policía Nacional, Edwin Cordero, declaró a su vez a la prensa que acatará las disposiciones que emita el Poder Judicial, después que el lunes, un tribunal de Apelaciones de Managua y la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucionales dos decretos promulgados por Bolaños.

Por medio de esos decretos, el presidente ordenó a la policía no acatar resoluciones de los tribunales del país que se opusieran a una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

El fallo de la Corte declaró "jurídicamente inaplicables" las reformas constitucionales aprobadas en enero por el Parlamento que le recortan funciones al presidente.