Durante una rueda de prensa, los senadores republicanos John Cornyn, de Texas y Jon Kyl, de Arizona, aseguraron que se trata del proyecto de Ley de Reforma Migratoria "de mayor alcance" en Estados Unidos, mientras activistas defensores de los inmigrantes ya lo tacharon de "insuficiente".

El proyecto de ley, que aún no tiene el apoyo de los demócratas, compite con una decena de medidas relacionadas con la inmigración ilegal.

Según los senadores, los fondos y recursos incluidos ayudarán a atacar ese problema desde todos los costados: en la frontera, en el interior del país y en los sitios de trabajo.

"En el pasado, no hemos dedicado los fondos, recursos o fuerza laboral para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración o para proteger nuestras fronteras.

Nuestro proyecto de ley se basa en el imperio de la ley", dijo Cornyn.

Kyl subrayó que esta ley no es una amnistía ni premia a los que han violado las leyes migratorias, dos "errores" que, a su juicio, contribuyeron al aumento de la población ilegal en EU.

Para Kyl, este proyecto, que podría ser debatido en "los próximos doce meses", ayudará a restablecer la llamada "circularidad migratoria" entre EU y México, por la que los trabajadores entran legalmente y regresan a su país "con sus ahorros y destrezas adquiridas".

Se calcula que entre diez y doce millones de inmigrantes viven en EU ayudados por un lucrativo mercado de documentos falsos, unas 50 millones de tarjetas de Seguro Social falsificadas están en circulación, según los senadores, y los empleadores que ven en ellos una fuente de mano de obra barata.

Cornyn y Kyl, cuyos estados representan el 85 por ciento de la frontera sur de Estados Unidos, confían en que su medida logrará imponerse porque responde a los puntos más vulnerables del sistema migratorio.

El proyecto de ley incluye diez capítulos relacionados con la vigilancia fronteriza; la deportación expedita de trabajadores "sin papeles"; el combate contra los documentos falsos y mayores recursos para los centros de detención y para la inspección de sitios laborales.

Entre otros elementos, se establece un programa de "trabajadores huéspedes" con una estadía máxima de hasta cinco años, período tras el cual éstos tendrían que regresar a su país de origen.

El programa de legalización temporal estará disponible únicamente a ciudadanos de países que hayan suscrito un acuerdo bilateral con EU, y estos trabajadores tendrán que entrar al país con "un nivel mínimo de cobertura médica".

También obliga a los demás países a que tomen medidas para frenar el éxodo ilegal de sus ciudadanos, y cooperen con EU en el combate contra la violencia generada por las pandillas y el contrabando de personas.

El proyecto de ley, que no da muchos detalles, no explica por ejemplo qué pasaría con los hijos nacidos en EU de inmigrantes indocumentados, quién correría con los gastos de la repatriación voluntaria o cómo funcionaría el registro de los inmigrantes clandestinos.

Esa falta de detalles ya está suscitando críticas.

"Este proyecto no es viable, divide a las familias y no resuelve las demoras burocráticas.

Nadie va a querer participar si al final enfrentan la deportación", dijo a Angela Kelley, subdirectora del Foro Nacional de Inmigración (NIF). "Tampoco creemos que el sector privado lo apoyará", afirmó.

En mayo pasado, líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso, encabezados por los senadores John McCain y Edward Kennedy, presentaron su propio proyecto al que también calificaron con superlativos.

En EU, la búsqueda de soluciones a la inmigración ilegal, y evitar la temida entrada de terroristas se ha topado con la resistencia de grupos conservadores opuestos a una "amnistía" y de grupos liberales que exigen una eventual legalización de miles de trabajadores.

El Comité Judicial del Senado tiene previsto analizar el proyecto McCain-Kennedy el próximo 26 de julio pero, según analistas, dado el clima político en Washington no se prevén avances en este campo.