En virtud de dicha ley el 8 de julio fueron encarcelados los empresarios periodísticos y hermanos Alex y Moisés Wolfenson, quienes, según las autoridades, en el pasado apoyaron al entonces presidente Alberto Fujimori, a cambio de dinero que les entregaba el ex jefe de espionaje Vladimiro Montesinos.

Los Wolfenson, que se encontraban en un céntrico penal limeño para reos primarios, fueron excarcelados tras haber cumplido cada uno más de la mitad de los cinco años de prisión que les impuso la justicia.

Según informes judiciales de entonces, una sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia dispuso la encarcelación de los Wolfenson, dueños de los diarios "La Razón" y "El Chino", tras computar que cada uno de ellos cumplió 32 meses de arresto domiciliario más cinco meses de detención efectiva, superando la mitad de su pena.

Los Wolfenson fueron condenados a cinco años de prisión por haber recibido miles de dólares de manos de Montesinos para apoyar al entonces presidente Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y el 2000, atacando mediante sus periódicos a sus adversarios políticos y críticos.

El congresista Heriberto Benítez, ex militante del co gobernante Frente Independiente Moralizador, dijo a reporteros que de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, los hermanos Wolfenson, únicos beneficiados con esa ley, deben volver a prisión.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, divulgada por El Peruano, "ningún juez o magistrado...puede aplicar el precepto impugnado, por haber cesado en sus efectos".

La sentencia precisa que "los jueces o magistrados que tengan en trámite medios impugnatorios o de nulidad en los que se solicite la revisión de resoluciones judiciales en las que se haya aplicado el precepto impugnado, en lo que a detención domiciliaria se refiere, deberán estimar los recursos y declarar nulas dichas resoluciones judiciales, por no poder conceder efecto alguno a una disposición declarada inconstitucional".

El Tribunal Constitucional se pronunció dos días después que una multitud se congregó frente a la sede del Poder Judicial, en Lima, para protestar contra la mala administración de justicia mediante la expedición de fallos favorables a involucrados en casos de corrupción como los Wolfenson.

La manifestación fue convocada por el obispo Luis Bambarén, conocido como el "obispo de los pobres".

El 7 de julio la justicia admitió un recurso de habeas corpus del mexicano Miguel Ángel Morales Morales y dispuso su traslado de una prisión de máxima seguridad, a una residencia particular, para que cumpla allí un arresto domiciliario.

El mexicano, sindicado por las autoridades como cabecilla del "Cartel de Tijuana", fue capturado el 9 de julio del 2002 en el puerto de Chimbote, al noroeste de aquí, cuando se disponía a despachar a su país por vía marítima 1.700 kilos de cocaína.