El gerente de comunicaciones de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Carlos Alberto López, anunció a un emisora de radio que la medida de fuerza se registró el jueves en las instalaciones de la firma Chaco, próximas a la población de Santa Rosa del Sara, en el departamento de Santa Cruz.

López explicó que a consecuencia de la acción, la compañía tuvo que reducir la producción en 4.8 millones de metros cúbicos diarios y esto se ha traduce en un recorte en las exportaciones a Argentina de 3 millones, cuando el contrato de compra venta fija un volumen de provisión de 7 millones.

Pese a que la zona afectada está más cerca de la frontera con Brasil, el otro país al que Bolivia exporta gas natural, la medida de presión repercutió en los envíos a Argentina, porque en el área existe un sistema de gasoductos interconectados y la Ley boliviana y los contratos firmados entre el Estado y las empresas anteponen el mercado interno y el brasileño al argentino.

El director de Desarrollo Productivo de la Prefectura (Gobernación) de Santa Cruz, Francisco Terceros, confirmó que en la víspera un grupo de campesinos bloqueó la entrada al campo y cerró una de sus válvulas, pero anticipó que las autoridades aspiran a solucionar el conflicto "en el transcurso de las próximas horas".

Los manifestantes reclaman al gobierno regional por el asfaltado de un tramo de carretera de 37 kilómetros que une a Santa Rosa del Sara con la vía principal entre las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, en el eje troncal del país.

Terceros apuntó que los campesinos exigen un mayor número de capas de asfalto en la ruta, que estará concluida en diciembre de este año.

A fines de junio pasado, el gobierno del presidente Eduardo Rodríguez promulgó un decreto que instruye la intervención del Ejército cuando las instalaciones petroleras "se encuentren bajo amenaza" de fuerzas extrañas a su estructura regular.

En los últimos años, organizaciones campesinas ocuparon por la fuerza diversas instalaciones petroleras, entre ellas algunas de las filiales de Repsol YPF y de British Petroleum, para obligar a las autoridades a que atiendan sus demandas.