La normativa, publicada por el secretario británico del Interior, Charles Clarke, contiene una lista de nuevas acciones que serán consideradas "inaceptables" para los ciudadanos extranjeros que tengan intención de permanecer o entrar al país.

Entre las acciones, que tienen como objetivo prevenir el uso de las libertades británicas tradicionales para fomentar la violencia, figura la difusión o publicación de puntos de vista que inciten al odio o fomenten el terrorismo.

Los extranjeros se enfrentarán también a la expulsión si "fomentan, justifican o glorifican la violencia terrorista" o busquen incitar a otros a cometer actos terroristas u otra actividad criminal grave.

Las normas incluyen como inaceptable expresar comentarios extremistas, mediante escritos o el discurso público, incluso su difusión mediante Internet.

"Individuos que busquen provocar miedo, desconfianza y división para generar la actividad terrorista no serán tolerados por el gobierno y por nuestras comunidades", apuntó Clarke.

Con esta regulación, dijo, el Ejecutivo pretende expulsar del país a aquellos clérigos musulmanes radicales que puedan inspirar atentados terroristas como los vividos en la capital en julio pasado.

El incumplimiento de las normas, con las que se pretende también prevenir nuevos atentados, supondrá la expulsión inmediata del país o la prohibición de entrar en Reino Unido.

Bajo esta nueva regulación, el gobierno británico anunció que comenzará en los próximos días las deportaciones de quienes supongan una amenaza para el país.

Entre los posibles deportados destaca el clérigo radical jordano Abu Qatada, acusado de ser el líder espiritual de la red Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden y responsable de los atentados en Estados Unidos en septiembre de 2001 y Madrid en marzo de 2004.

El disidente Mohammed al Massari, quien dirige una página de Internet en la que se muestran decapitaciones y atentados suicidas cometidos en Irak, podría figurar también entre los primeros deportados.

Asimismo el gobierno británico ha prohibido ya la entrada a Reino Unido del religioso musulmán Omar Bakri Mohammed, quien dejó el país tras los atentados fallidos del pasado 21 de julio en Londres y se encuentra en Líbano.

El Ejecutivo británico continúa ahora tratando de cerrar nuevos acuerdos bilaterales, como el memorando de entendimiento alcanzado con Jordania, para que los ciudadanos que sean considerados una amenaza puedan ser deportados.

Según el ministro británico del Interior, estos nuevos poderes no pretenden limitar la libertad de expresión o el debate legítimo sobre la religión u otros asuntos.

OPINIONES EN CONTRA

En opinión de organizaciones de derechos humanos, como la plataforma británica Liberty, las nuevas medidas ponen en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Consideran que muchos de los deportados se arriesgan a sufrir torturas y abusos en sus lugares de origen, ya que en varios países no se respetan los derechos humanos.

También el alcalde de Londres, Ken Livingston, entró este miércoles en el debate, afirmando que la nueva normativa debe ser implementada de forma prudente y justificada.

En declaraciones a la cadena British Broadcasting Corporation (BBC), dijo que los nuevos poderes no deberían ser utilizados contra religiosos como Yusuf Al-Qaradawi, clérigo que ha defendido a los terroristas suicidas palestinos.

"Si se prohíbe a Al-Qaradawi y nadie lleva al gobierno ante los tribunales, yo lo haré", dijo Livingston, quien subrayó que el clérigo ha manifestado su oposición a todos los actos terroristas perpetrados por Al-Qaeda en el mundo.

No obstante, el primer ministro británico Anthony Blair destacó que el gobierno dará prioridad a la seguridad de los británicos sobre los derechos humanos, si es necesario.