MANAGUA, Nicaragua, sep. 28. 2005.- El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, ordenó hoy incrementar la presencia militar en el fronterizo Río San Juan y no permitir "bajo ninguna circunstancia" que guardias costarricenses naveguen armados en esa cuenca.

Bolaños, después de reunirse con el gabinete de Seguridad y Gobernabilidad, emitió hoy un decreto en el que ordenó incrementar la presencia militar en el San Juan, decomisar las armas que circulen "ilegalmente" por la ribera y procesar en los tribunales locales a quienes se atrevan a transitar con ellas.

"Se ordena al Ejército incrementar de inmediato la presencia y vigilancia permanente en el río San Juan, a fin de impedir por todos los medios el paso de efectivos armados, traslado de municiones y pertrechos, de fuerzas extranjeras", dice el decreto presidencial.

El gobernante estimó que "cualquier pretensión de hacer efectiva la navegación armada por parte de fuerzas foráneas en aguas soberanas nicaragüenses, constituye una amenaza a la paz y seguridad interior y externa del país y menoscaba los intereses esenciales de su seguridad".

Bolaños hizo un llamamiento a todos sus compatriotas sin distingos a unirse para defender la soberanía del país.

COSTA RICA DEMANDARÁ A NICARAGUA ANTE LA CORTE DE LA HAYA Costa Rica demandará a Nicaragua ante la Corte de la Haya luego que venciera el plazo de tres años que regía para encontrar una salida al diferendo que mantiene con ese país vecino por la navegación de policías en el río San Juan.

El anuncio fue realizado esta tarde por el presidente costarricense Abel Pacheco junto al canciller Roberto Tovar en rueda de prensa.

"Hemos buscado el diálogo... en un ambiente de respeto y fraternidad pero aún existe este punto de discordia y aunque reconocemos el derecho de propiedad de Nicaragua (sobre el río), Costa Rica también tiene derecho de navegar sobre él", explicó el mandatario.

Indicó que tras consultar con varios expertos en derecho internacional "hemos decidido acudir a la Corte Internacional de la Haya".

Por su parte, el canciller Tovar adelantó que ya el jueves tendrán una audiencia en la sede de la Corte para iniciar el proceso.

El río está ubicado en la frontera entre ambas naciones y mientras Nicaragua aduce que Costa Rica sólo lo puede usar para fines comerciales, Costa Rica defiende su derecho de patrullar también por sus aguas.

El problema nació en 1998 cuando el entonces presidente Arnoldo Alemán prohibió que por el San Juan viajaran agentes costarricenses con sus armas de reglamento al aducir que eso violaría la soberanía nicaragüense.

Tras varios "choques" diplomáticos el asunto se zanjó temporalmente en septiembre del 2002 cuando se acordó una tregua de tres años que finalizó el pasado lunes sin llegar a un acuerdo.

Ante la posibilidad de que el gobierno costarricense decidiera buscar un arbitraje en La Haya, el miércoles el Congreso nicaragüense acordó aplicar un impuesto del 35% a todos los bienes y servicios procedentes de Costa Rica en el momento que eso sucediera.

"En caso que se entablen juicios internacionales la Asamblea Nacional de Nicaragua, haciendo uso del derecho internacional, tomará las medidas de respuesta que considere necesaria", dice la resolución.

Justificaron el arancel especial al explicar que los ingresos generados servirán para sufragar los gastos del proceso.

Sin embargo, Tovar prefirió no referirse al asunto al indicar que "es una amenaza que no se ha tornado en una acción".

Según la Cámara de Industrias de Costa Rica, una medida de ese tipo afectaría al menos a 450 empresas que exportan a la vecina Nicaragua con un monto extra por unos 77 millones de dólares por año.

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