MADRID, España, oct. 5, 2005.- El Tribunal Constitucional español ha dictado una sentencia por la que establece que la Justicia de España es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera del territorio español, aún cuando no haya víctimas de esta nacionalidad.

Esta sentencia, que establece que la jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, responde al recurso presentado en 1999 por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú para que España investigara los crímenes de genocidio, asesinatos, torturas y detenciones ilegales cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

Con esta resolución se anula una decisión anterior de la Audiencia Nacional española de inhibirse de esa investigación y la posterior del Tribunal Supremo de admitir la persecución de este tipo de crímenes cometidos en otros países sólo en el caso de que hubiera españoles afectados.

Menchú pidió en 1999 a la Justicia española intervenir por los crímenes contra la humanidad cometidos por los regímenes militares en Guatemala, pero la Audiencia Nacional archivó esas denuncias en 2000, y la líder indígena guatemalteca recurrió esa decisión ante el Supremo.

La Premio Nobel de la Paz acusaba en concreto a seis ex jefes militares y dos civiles guatemaltecos de delitos de torturas, genocidio y terrorismo de Estado.

El Supremo estimó que la jurisdicción universal, a la cual apeló Menchú, sólo puede ser aplicable en los casos de víctimas de nacionalidad española, no así a los guatemaltecos que fueron asesinados por el ejército durante la guerra de 36 años que vivió este país centroamericano.

La demanda de Menchú fue dirigida contra de los generales retirados Romeo Lucas García, quien gobernó el país de 1978 a 1982, y su hermano Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor de la Defensa en el mismo período.

También fueron acusados Efraín Ríos Montt, quien derrocó a Romeo Lucas tras un golpe de Estado militar en marzo de 1982, y a Oscar Humberto Mejía Víctores, ministro de Defensa de Ríos Montt y quien asumió la Presidencia tras encabezar otra asonada militar en agosto de 1983.

Además, fueron denunciados el general Ángel Guevara, ex ministro de Defensa; el coronel Germán Chupina, ex jefe de la Policía Nacional; y los civiles Donaldo Álvarez, ex ministro de Gobernación; y Pedro García Arredondo, jefe de inteligencia de la Policía, todos funcionarios de la administración de Lucas García.

En la demanda se citaba también el ataque contra la Embajada de España en Guatemala ocurrido el 31 de enero de 1980, en el cual murieron 37 personas, entre ellas tres ciudadanos españoles y el padre de la Premio Nobel, Vicente Menchú.