MANAGUA, Nicaragua, oct. 05, 2005.- El procurador general de Nicaragua, Alberto Novoa, denunció hoy que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "actúa contra ley", porque ha ordenado a la Policía y Fiscalía, no investigar a su presidente por la pérdida de 609 mil dólares.

"Esta es Corte, pero de Justicia es lo menos que tiene, porque se está negando a abrir una investigación por peculado y delitos contra la administración de justicia con la pérdida de 609 mil dólares", dijo Novoa.

La suma fue depositada en la Corte a la orden del Estado pero fue sustraída mediante un cheque firmado por el presidente de ese tribunal, el liberal Manuel Martínez, de manera irregular, porque "no se cumplió con las formalidades de ley", señaló Novoa.

La denuncia contra Martínez fue presentada el martes, pero, según Novoa, hoy recibió una carta del jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, comisionado Julio González, en la que le informó que no harán nada porque el alto tribunal así lo ordenó.

La Fiscalía de Nicaragua había anunciado una investigación del caso, pero su intento fue paralizado por la misma CSJ, que en un comunicado indicó que una Comisión Especial de ese alto tribunal, que preside el mismo Martínez, es la única facultada para conocer de faltas de jueces y magistrados.

Novoa dijo que por ley la Policía tiene que investigar "todos los actos delictivos porque así lo establece la Constitución".

"Es decir que aquí todo queda en el aire, el dinero se perdió, no va a investigar la Fiscalía, ni la Policía y él que dice que va a investigar se va a auto-investigar", dijo Novoa.

La Policía incautó el año pasado los 609 mil dólares al colombiano Eliécer Hernández González, también conocido como Luis Ángel González Largo, y a su compañera nicaragüense Leyla Bucardo, condenados a varios años de cárcel por lavado de dinero.

En el caso de la pérdida del dinero también están involucrados el magistrado Róger Camilo Argüello, los jueces suplentes Julio César Morales y Moisés Rodríguez, y los abogados Astrid Berenice Bracamonte, Israel Zelaya y Javier Antonio Poveda.

La Corte Suprema de Nicaragua es una de las instituciones que, de acuerdo a las últimas encuestas de opinión, goza de menos credibilidad y prestigio a nivel nacional, por considerar que responde a intereses políticos y actuar de manera irregular en la forma de impartir justicia.