GUATEMALA, Guatemala, oct. 5, 2005.- La Fundación Rigoberta Menchú Tum expresó su satisfacción por la sentencia dictada hoy por el Tribunal Constitucional de España, que estableció que ese país es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

"Es una sentencia justa y correcta, algo que esperábamos, sabíamos que así tenía que ser la resolución", dijo a periodistas Jaime Tomás, funcionario de la Fundación que lleva el nombre de la Premio Nobel de la Paz 1992.

El fallo del máximo tribunal de España, que establece que la jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, responde al recurso presentado en 1999 por Rigoberta Menchú para que España investigara los crímenes de genocidio, asesinatos, torturas y detenciones ilegales cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

Esa sentencia da luz verde a la justicia española para que continúe los procesos penales iniciados por Menchú en contra de ex altos cargos guatemaltecos, aunque las víctimas de los crímenes no sean de nacionalidad española, bajo el principio de que "la jurisdicción universal tiene prioridad sobre la existencia o no de intereses nacionales".

Tomás agregó que el fallo "favorece la justicia universal", y aseguró que el mismo "desentrampará" el proceso judicial seguido ante los tribunales españoles.

Por otra parte, Gustavo Meoño, ex director de la Fundación Rigoberta Menchú y actual presidente de la “Asociación Memoria, Verdad y Justicia”, la cual también da seguimiento a este proceso, dijo que el fallo del Tribunal Constitucional "es lo más favorable y positivo que ha ocurrido hasta ahora dentro del proceso".

La sentencia, indicó, "nos da totalmente la razón en todos los recursos que fuimos interponiendo después de la resolución desfavorable que tuvimos en 1999, cuando el pleno de la Audiencia Nacional resolvió que no procedía que se enjuiciara en España a los responsables del genocidio cometidos en Guatemala".

Meoño agregó que "estamos obteniendo una sentencia totalmente satisfactoria, porque deja sin efecto los fallos anteriores dictados dentro del proceso, lo cual permite que los casos sean retomados de nuevo sin que haya obstáculos que impidan alcanzar la justicia".

"Es un estímulo grande para lograr que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala, los cuales cobrarán la vida de miles de personas inocentes", agregó el activista.

La demanda iniciada por Menchú ante la justicia española está dirigida en contra de los generales retirados Romeo Lucas García, quien gobernó el país de 1978 a 1982, y su hermano Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor de la Defensa en el mismo período.

También son acusados el general Efraín Ríos Montt, quien derrocó a Romeo Lucas tras un golpe de Estado militar en marzo de 1982, y a Oscar Humberto Mejía Víctores, ministro de Defensa de Ríos Montt y quien asumió la Presidencia tras encabezar otra asonada militar en agosto de 1983.

Así como el general Ángel Guevara, ex ministro de Defensa; el coronel Germán Chupina, ex jefe de la Policía Nacional; y los civiles Donaldo Álvarez, ex ministro de Gobernación; y Pedro García Arredondo, jefe de inteligencia de la Policía, todos funcionarios de la administración de Lucas García.