SANTIAGO DE CHILE, Chile, oct. 19, 2005.- La Corte Suprema de Justicia de Chile ratificó este miércoles el desafuero de Augusto Pinochet para que responda por la presunta comisión de tres delitos vinculados a las cuentas secretas por 28 millones de dólares que tenía el ex dictador.

Voceros del máximo tribunal señalaron este miércoles que la Corte confirmó el desafuero de Pinochet en el proceso que enfrenta por evasión tributaria, uso malicioso de instrumento público y omisión de información en su declaración jurada de bienes de 1989.

El juez Sergio Muñoz, quien asumió la víspera como magistrado del máximo tribunal, dejó avanzada una investigación en contra del ex dictador por las millonarias cuentas que éste tenía en el estadounidense Banco Riggs y otras entidades internacionales.

Tras la resolución del pleno de la Corte Suprema, el juez que quedó en forma temporal a cargo de la investigación, Jorge Zepeda, está en condiciones de declarar a Pinochet (1973-1990) como inculpado en esos ilícitos e interrogarlo.

La Corte de Apelaciones de Santiago abrió en junio pasado una causa contra el ex senador vitalicio para investigarlo sobre sus cuentas en Riggs y otras entidades financieras en paraísos fiscales donde depositó varios millones de dólares.

Pinochet habría omitido declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile el patrimonio que manejaba en sus cuentas en el extranjero, lo que habría generado un perjuicio fiscal de 10 millones 655 mil dólares.

También habría utilizado pasaportes adulterados para abrir cuentas en el extranjero bajo otros nombres, además de utilizar documentos de la Subsecretaría de Guerra donde se informaba sobre su supuesto patrimonio.

El tercer ilícito que habría cometido Pinochet se vincula con la declaración de patrimonio que realizó el ex gobernante de facto en 1989, un año antes de dejar el poder, donde omitió todos los bienes que poseía en el extranjero.

Los jueces de la Corte Suprema rechazaron desaforar al ex dictador respecto a una supuesta violación al embargo internacional que dictó sobre sus bienes el juez español Baltasar Garzón, en 1998, durante su detención en Londres con fines de extradición a España.