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LIMA, Perú, nov. 16, 2005.- Perú podría reducir de 21 a solamente nueve los procesos judiciales para pedir la extradición desde Chile del ex presidente Alberto Fujimori, comentó el ministro de Justicia, Alejandro Tudela.
En tanto, uno de los abogados de Fujimori comentó que Chile demostrará que los cargos que se le atribuyen en Perú son políticos y no judiciales.
"Estamos hablando, en principio, de nueve procesos judiciales que reúnen los parámetros para fines de la repatriación de Fujimori", dijo Tudela en alusión a la eventual reducción de los procesos judiciales, luego de que la Corte Suprema de Perú rechazara el martes un pedido de extradición enviado por la procuraduría, por abandono del cargo del ex mandatario en noviembre del año 2000.
El vocal supremo, José Luis Lecaros, dijo que en Chile el abandono de cargo es considerado como una simple falta administrativa, y no cumple con los requisitos de extradición suscritos por las dos naciones en 1932.
"En este afán de acelerar las solicitudes que activen los cuadernos de extradición, se ha incluido un procedimiento que, en efecto, no reunía los requisitos ni los requerimientos, de acuerdo con el tratado de extradición", indicó Tudela reconociendo el error. Indicó que los responsables fueron despedidos.
Mientras tanto, el Poder Judicial se declaró "en emergencia", tras negarle el Congreso el presupuesto que había solicitado para el 2006, y advirtió en un comunicado que ello podría perjudicar casos judiciales trascendentales, como la extradición de Fujimori desde Chile.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez, aseguró que el proceso de extradición de Fujimori "no tiene porqué afectarse".
Dijo que este proceso "tiene sus fondos que están previstos y está marchando al ritmo acelerado que se le ha impuesto".
La justicia peruana se encuentra elaborando rápidamente las solicitudes de extradición de Fujimori, por cargos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos y corrupción, mientras el ex presidente permanece detenido en Chile desde el 7 de noviembre.
Rolando Souza, uno de los abogados de Fujimori, sostuvo que "las solicitudes para abrir los expedientes no están bien sustentados".
Destacó que "será muy difícil que en dos meses la justicia peruana elabore veinte y tantos pedidos de extradición, tomando en cuenta que en los cinco años que Fujimori residió en Japón la justicia peruana presentó sólo dos expedientes de extradición, que no fueron aceptados por Japón por los vacíos que presentaban".
El legislador Alcides Chamorro manifestó suspicacias por la aseveración del poder judicial de que la falta de presupuesto afectaría la extradición de Fujimori, porque “la solicitud deberá presentarse en los próximos 60 días, mientras que el presupuesto aprobado por el Congreso será para el próximo año”.
"No quiero pensar que sea una forma de anticiparse o curarse en salud ante la posibilidad que fracase la extradición de Fujimori", sostuvo Chamorro.
EXTRADICIÓN DE FUJIMORI EN RIESGO: PERÚ
El Poder Judicial se declaró "en emergencia" tras serle negado un mayor presupuesto y advirtió que ello podría perjudicar casos judiciales trascendentales, como las gestiones para extraditar al ex presidente Alberto Fujimori desde Chile.
La presidenta de la Corte Superior de Lima, María Zavala Balladares, reiteró ante la Comisión de Justicia del Congreso, la necesidad de que se les asigne el presupuesto que habían pedido, porque de lo contrario se pone en riesgo todo el sistema judicial peruano.
Explicó que se necesita crear por lo menos 36 nuevas salas judiciales para poder atender la carga procesal del Poder Judicial.
Ese poder del estado se declaró el martes en emergencia en todo el país debido a la "grave situación económica" que atraviesa, y tras conocer que la Comisión de Presupuesto del Congreso rechazó su petición para el año 2006.
El Poder Judicial había pedido una partida de mil 157 millones de nuevos soles (346 millones de dólares), pero el ministerio de Economía planteó solamente 683 millones.
La Comisión de Presupuesto finalmente aprobó conceder 733 millones de nuevos soles (219 millones de dólares) para el próximo año.
En un comunicado, el Poder Judicial dijo que la negativa a asignarle un presupuesto acorde con sus necesidades, "se produce en circunstancias en que se tramitan procesos judiciales de gran trascendencia, entre ellos el de extradición", sin mencionar a Fujimori.
Consideró la decisión del Congreso "un serio agravio" al estado de derecho.
El vicepresidente David Waisman descartó que la elaboración de las solicitudes de extradición de Fujimori, quien se encuentra detenido se vea perjudicada, ya que dijo "el Poder Judicial tiene que cumplir con su misión".
Perú prepara un pedido a Chile para extraditar a Fujimori, quien dejó su refugio en Japón, en donde vivió los últimos cinco años, evadiendo una veintena de juicios por enriquecimiento ilícito y violaciones a los derechos humanos, entre otros cargos.
El legislador Alcides Chamorro dijo por tener “suspicacias por la aseveración de que la falta de presupuesto afectaría la extradición de Fujimori, ya que la solicitud deberá presentarse en los próximos 60 días, mientras que el presupuesto aprobado por el Congreso será para el próximo año”.
El gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero, dijo que en el presupuesto que presentaron estaba sustentado cada nuevo sol que se gastaría.
Indicó que de cada 100 expedientes que ingresan al Poder Judicial al año, unos 20 casos se quedan sin resolver porque no tienen capacidad para hacerlo.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, recién designada en el cargo, dijo que no dará opiniones que puedan perturbar el proceso de extradición de Fujimori.
Perú esperó casi cinco años para tener un Defensor del Pueblo, pues los congresistas no lograban llegar a un acuerdo sobre esta elección.