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SANTIAGO DE CHILE, Chile, nov. 24, 2005.- El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue procesado hoy, jueves, por su responsabilidad en la desaparición de tres víctimas de la llamada "Operación Colombo", informaron fuentes judiciales.

La resolución fue dictada por el juez Víctor Montiglio, que tiene a su cargo el juicio acerca de la citada operación, que fue un montaje de la DINA, la policía secreta de la dictadura, para encubrir en 1975 la desaparición de 119 opositores.

Montiglio, que decidió notificar personalmente a Pinochet el nuevo procesamiento, ordenó además el arresto domiciliario del ex dictador.

El dictamen se suma al procesamiento dictado ayer, miércoles, contra el ex gobernante (1973-1990) por el juez Carlos Cerda, por cuatro delitos de corrupción, derivados del descubrimiento de sus millonarias cuentas secretas en el exterior.

El arresto ordenado por Montiglio anula la libertad provisional que el juez Cerda le había otorgado a Pinochet, ratificada hoy por la Corte de Apelaciones, que además le había rebajado de 22 mil a 11 mil dólares el monto de la fianza.

Aunque Pinochet estaba imputado por 15 de las víctimas de la "Operación Colombo", Montiglio resolvió procesarlo sólo por los casos de los hermanos Aldo y Carlos Pérez Vargas y de Bernardo Castro, desaparecidos desde septiembre de 1974.

Los tres, al igual que la mayoría de las 119 víctimas de la citada operación, pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que resistió con las armas a la dictadura de Augusto Pinochet.

Montiglio resolvió enjuiciar al ex gobernante (1973-1990) después de someterlo a exámenes neurológicos, psiquiátricos y sicológicos que determinaron que está mentalmente apto para ir a juicio, de someterlo a interrogación y carearlo con el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

Los abogados Hiram Villagra y Sergio Concha, que representan a las familias de las víctimas, habían solicitado el pasado martes el procesamiento de Pinochet, por considerar que en el juicio está acreditado que fue "la máxima autoridad" que estuvo detrás de esos crímenes y de las actividades de la DINA.

Antes había hecho otro tanto el abogado Boris Paredes, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, también querellante en el caso.