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SANTIAGO, Chile, nov. 29, 2005.- La defensa de Augusto Pinochet presentó hoy martes ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo para tratar de anular el procesamiento que dictó un juez contra el ex dictador por seis víctimas de la ‘Operación Colombo’.

Con este recurso, los abogados de Pinochet intentarán demostrar que el ex militar, de 90 años, no está en condiciones de afrontar un proceso judicial y que no tuvo participación en los hechos que se le imputan.

El recurso deberá ser analizado el próximo jueves por la Corte de Apelaciones, tribunal que dirimirá si mantiene o no el procesamiento al ex gobernante de facto, informaron fuentes judiciales.

La ‘Operación Colombo’ fue montada en 1975 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para encubrir la desaparición de 119 opositores.

Por este caso, actualmente Pinochet está bajo arresto domiciliario en su mansión, en La Dehesa, un acomodado barrio al este de Santiago.

Según las fuentes, los abogados del ex dictador (1973-1990) pagaron hoy martes la fianza de seis millones de pesos (11 mil dólares), que le impuso el juez Carlos Cerda para obtener la libertad provisional en el juicio por sus millonarias cuentas secretas en el exterior.

El pasado día 23 noviembre, Cerda procesó al ex gobernante de facto como autor de evasión tributaria, falsificación de instrumento público, falsificación y uso de pasaportes falsos y omisión de bienes en declaración jurada.

Al día siguiente, el juez Víctor Montiglio lo procesó como autor de seis secuestros en el juicio por la ‘Operación Colombo’.

Además, mañana miércoles, la Corte de Apelaciones debe revisar dos nuevas solicitudes de desafuero contra el nonagenario ex militar.

Una de ellas se refiere a otras 37 víctimas de la ‘Operación Colombo’ y la otra se enmarca en un juicio entablado por los supervivientes de la ‘Villa Grimaldi’, considerada la peor de las cárceles clandestinas que mantuvo la policía secreta del régimen militar.

En ese juicio, Pinochet está imputado por homicidio, secuestro y tortura.

Por otra parte, el abogado Hiram Villagra presentó hoy martes una nueva querella contra el ex dictador por su responsabilidad en dos crímenes ocurridos en septiembre de 1983, caso conocido como ‘Fuenteovejuna’.

El pleito fue presentado a nombre de los familiares de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Sergio Peña y Lucía Vergara.

Ambos fueron ejecutados por funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -que reemplazó a la DINA- en una casa situada en la calle Fuenteovejuna, en el acomodado barrio santiaguino de Las Condes.

La querella incluye también al ministro del Interior de la época, Sergio Onofre Jarpa; al entonces jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, y al ex auditor del Ejército, el general en retiro Fernando Torres.

Villagra dijo que tanto Pinochet como Jarpa, Torres y Corbalán deben ser enjuiciados como "autores intelectuales de homicidio y asociación ilícita genocida".

La investigación a cargo del juez Carlos Gajardo ha determinado que Peña y Vergara fueron víctimas de un operativo que desplegó el llamado ‘Escuadrón Azul’ de la CNI.