NACIONES UNIDAS, Nueva York, dic. 7, 2005.- La Organización de Naciones Unidas denunció este miércoles la existencia de casos de torturas en la guerra contra el terrorismo y exhortó a los gobiernos a cerrar las cárceles secretas donde se mantiene incomunicados a los detenidos.

La denuncia fue formulada en Nueva York por la Alta Comisaria para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, quien lamentó que el principio de la prohibición de la tortura se esté convirtiendo en una víctima más de la guerra contra los terroristas.

"Lograr la seguridad a toda costa puede crear un mundo que sea más inseguro y menos libre. Este es el caso si las opciones son entre los terroristas y la tortura", indicó Arbour en una rueda de prensa con motivo de la celebración, el próximo sábado, del Día de los Derechos Humanos.

La Alta Comisaria denunció prácticas como el establecimiento de centros de detención secretos y la petición de "garantías diplomáticas" a los países en donde son transferidos los sospechosos de terrorismo.

"Instó a todos los gobiernos a reafirmar su compromiso con la prohibición total de la tortura", indicó.

Esto se traduce, agregó, en condenar la tortura y el trato vejatorio como práctica para obtener información en los interrogatorios, evitar transferir a detenidos a países donde se aplica la tortura, desmantelar las cárceles secretas y permitir a los presos el acceso al mundo exterior.

También exhortó a los países a ratificar la Convención de la Tortura, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984, así como el protocolo adicional, que establece un mecanismo de control para evitar esta práctica.

Las declaraciones de Arbour se producen después que saliera a la luz, hace unas semanas, la noticia de que Estados Unidos dispone de cárceles secretas en países de Europa del Este.

Aunque la información ha sido desmentida por la secretaria de Estado estadounidense, Condoleeza Rice, que se encuentra en una gira europea, Arbour indicó que "es primordial pedir a las autoridades estadounidenses claridad normativa y de hecho en sus prácticas".

"Este tema merece atención y un debate público para buscar información y claridad en lo que está sucediendo", dijo Arbour.

Pese a que Rice ha afirmado que su país "no acepta las prácticas de la tortura", Arbour anotó que el hecho de que no las acepten no quieren decir que no las apliquen, como sucede con otros de los 140 países que ratificaron la Convención contra la Tortura.

La alta funcionaria también expresó su decepción por el hecho de que el gobierno de Washington esté buscando que la CIA esté exenta de las obligaciones que impone el proyecto de ley contra la tortura aprobado a principios de mes por el Senado.

El argumento de la Casa Blanca, que se opuso a esta ley, es que Estados Unidos está combatiendo a un "nuevo enemigo", el terrorismo, y que deben de actuar de forma agresiva para derrotarlo.

Arbour recriminó precisamente que los gobiernos "estén diluyendo la definición de la tortura, bajo el argumento de que las regulaciones establecidas ya no son aplicables en el nuevo fenómeno del terrorismo".

Pese a admitir que los gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos, también recalcó que tienen el mismo deber de respetar la prohibición de la tortura y del trato inhumano o degradante.

Este principio, recalcó, se contempla en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Convención contra la Tortura, en donde se pide que se criminalice esta práctica y que se inicien proceso judiciales contra sus autores.

Arbour concluyó que la ley es la "única guía" para que la sociedad afronte el difícil desafío del terrorismo, pues la jurisprudencia proporciona el equilibro apropiado entre los intereses legítimos de los Estados de salvaguardar su seguridad y el derecho a la libertad y seguridad personal de los individuos.