BOGOTÁ, Colombia, 12 dic. 2005.- El Bloque Central Bolívar (BCB), con cerca de 2 mil combatientes, y uno de los grupos paramilitares más numeroso de Colombia, depuso este lunes sus armas y la mayoría de sus integrantes se acogerán a programas de reinserción social.

Los integrantes del BCB, asociado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con influencia en vasta zonas del país, se desmovilizaron durante un acto que tuvo lugar en una finca entre las localidades de Remedios y Segovia, 550 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Además de las armas y municiones, los paramilitares, acusados de las peores matanzas y crímenes selectivos en Colombia en las últimas décadas, entregaron dos helicópteros artillados.

A los combatientes del BCB se sumaron los de sus facciones asociadas "Bajo Cauca", "Magdalena Medio" y "Nordeste Antioqueño".

La ceremonia estuvo presidida por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y asistieron delegados de las embajadas de Holanda, Suecia, Canadá y Chile, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que verifica ese proceso entre el Gobierno y la ultraderecha colombiana.

También asistió la alcaldesa de Remedios, Lucía del Socorro Carvajal, y representantes del gobierno departamental de Antioquia.

El líder político de las AUC y uno de los comandantes del BCB, "Ernesto Báez", cuyo verdadero nombre es Iván Roberto Duque, así como "Javier Montáñez" o "Macaco", los alias de Carlos Mario Jiménez, encabezaron también el acto de entrega.

"Báez" reclamó para las AUC la asignación de dos escaños parlamentarios, como ocurrió en su momento con otras organizaciones guerrilleras que pactaron su abandono a la lucha armada y recibieron por designación y no por elección esas sillas.

Según el líder de las AUC, los escaños serían para ocuparlos en la Cámara de Representantes, que tiene 165 miembros.

En otras ocasiones los paramilitares colombianos se han jactado de "tener" hasta "un 35 por ciento" del Congreso.

En los últimos días en la finca de Remedios, a medida que se concentraban los ahora ex combatientes en la zona, distintas entidades estatales verificaron sus identidades y cotejaron si tenían cuentas pendientes con la justicia.

Como en los 21 procesos similares con igual número de "bloques" de las AUC, desde noviembre de 2003, sus miembros recibieron "instrucciones" sobre su retorno a la vida civil y en algunos casos asesoría psicológica.

La llamada "dejación de armas" retrasó su inicio ante la demora en llegar al lugar del alto comisionado para la Paz, quien fue el funcionario que recibió más de mil 500 armas de distinto calibre, municiones, algunos vehículos así como los dos helicópteros artillados.

Antes del 15 de febrero próximo se espera la entrega de las armas por parte de los restantes 7 mil paramilitares asociados a las AUC, según los compromisos adquiridos con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Los paramilitares desmovilizados, pero con cuentas pendientes con la justicia, serán concentrados en Puerto Berrío, localidad también en el departamento de Antioquia para los respectivos procesos.

El Congreso colombiano aprobó este año una "Ley de Justicia y Paz" para lograr el desarmes de los paramilitares, norma que generó una polémica nacional e internacional entre quienes creían que estaba hecha para proteger la impunidad de muchos ultraderechistas.

Otros, por el contrario, defienden la ley y señalan que con ella podrá alcanzar la justicia y la reparación de las víctimas de los paramilitares.

Algunos de los jefes del BCB y de facciones, como "Macaco" o Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", están reclamados en extradición por autoridades de Estados Unidos, aunque el gobierno colombiano ha supeditado su envío al cumplimiento de los pactos desmovilización de sus estructuras paramilitares.

El desaparecido fundador de las AUC, Carlos Castaño, y el desmovilizado y ex líder de esa organización, Salvatore Mancuso, también están pedidos en extradición por haber incurrido presuntamente e delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

"Ernesto Báez" reiteró hoy a periodistas la intención de las AUC de convertirse en partido político una vez se disuelvan como escuadrones de lucha contra las guerrillas.