WASHINGTON, Estados Unidos, dic. 15, 2005.- La Cámara de Representantes está avanzando en el debate de un proyecto que, en aras de reforzar la seguridad fronteriza, ha disgustado a México y a activistas hispanos, los cuales consideran que se estaba convirtiendo en delincuentes a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

El proyecto, llamado "Ley de protección fronteriza, antiterrorismo y control de la inmigración ilegal", tiene el apoyo abierto del presidente, George Bush, quien considera que era un paso necesario que debería complementarse con su propuesta de regulación de un programa de trabajadores temporales.

Ya se han aprobado varias cláusulas, como la construcción de una cerca de doble vallado en por lo menos un tercio de los tres mil 200 kilómetros de la frontera con México, por los estados de California, Texas, Nuevo México y Arizona.

Pero todavía quedan pendientes otras como la eliminación de la lotería de visas, la orden de prisión de seis meses por permanencia ilegal en el país y la facilitación de ciudadanía a los miembros de las fuerzas armadas.

Algunas otras, como la negación de ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, han sido rechazadas.

El proyecto, que debe ser aprobado en cualquier momento, pasará al Senado para su debate posiblemente en enero, donde podría ser modificado. La versión senatorial será todavía "armonizada" por negociadores de ambas cámaras antes de producir un texto final que irá al escritorio de Bush.

En el debate cameral que empezó el jueves, ya se ha aprobado también que los departamentos de Defensa y Seguridad Interior desarrollen un plan que refuerce el uso de equipo militar de vigilancia fronteriza.

Igualmente pide que los uniformes de los miembros de la Patrulla Fronteriza sean confeccionados en Estados Unidos y no en México, corrigiendo una situación de años que podía prestarse, según los legisladores, a la infiltración de terroristas con esos uniformes que podrían ser fácilmente adquiridos en el mercado negro mexicano.

Los empleadores deberán usar una base de datos, que será implementada en seis años, para verificar el número de seguro social del empleado que van a contratar; y los coyotes o contrabandistas de indocumentados deberán encarar una sentencia obligatoria si son aprehendidos.

Pero lo que ha originado el mayor disgusto en organizaciones del activismo latino en Estados Unidos es el mandato ya aprobado de que la presencia ilegal en el país es un delito y que habrá detención obligatoria para todos los inmigrantes mexicanos indocumentados arrestados en cualquier lugar de la frontera común.

En una carta a Bush, cuatro poderosas organizaciones hispanas le dijeron el viernes que el impacto del proyecto "será devastador" en la comunidad hispana.

"Es excesivamente perjudicial para las familias, empresas y comunidades tanto estadounidenses como de inmigrantes", dijeron.

"Entre sus muchas cláusulas que nos causan consternación figura la que criminaliza a 11 millones de trabajadores indocumentados".

Indicaron que los inmigrantes, sus familias, empleadores, instituciones no gubernamentales y de otro tipo, incluso las agencias locales, estatales y federales, "quedarán sujetos de penas criminales bajo definiciones más amplias de contrabando, albergue y transportación".

La carta está firmada por dirigentes de diversas organizaciones.

Dijeron que este proyecto, contrariamente a lo que sostiene Bush, debilita cualquier intento de una reforma migratoria "seria o efectiva" que el propio presidente ha dicho que es "urgentemente necesaria".

En México, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, dijo que para México una reforma migratoria que únicamente contemple el tema de la seguridad no resuelve el fenómeno migratorio bilateral.

Indicó que el proyecto ignora "la enorme contribución" que los mexicanos y otros inmigrantes hacen a la economía estadounidense, por lo que era necesario "establecer mecanismos que permitan una migración legal, segura y ordenada".