SANTIAGO DE CHILE, Chile, ene. 9, 2006.- El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue beneficiado este lunes con la libertad provisional en el marco de su procesamiento por tres crímenes de la Operación Colombo, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada por el juez Víctor Montiglio, a cargo del juicio, quien fijó al ex gobernante de facto (1973-1990) una fianza de 10 millones de pesos (unos 19.417 dólares) para acceder al beneficio, que debe ser ratificado por la Corte de Apelaciones.

La decisión del juez corresponde al procesamiento de Pinochet, el pasado 5 de diciembre, por tres víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la DINA, la policía secreta de Pinochet, para encubrir en 1975 la desaparición de 119 opositores al régimen.

Pinochet permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado 24 de noviembre, cuando Montiglio lo procesó por otras seis víctimas de la citada Operación, casos por los que ya obtuvo la excarcelación, con una fianza similar, ratificada por la Corte de Apelaciones.

Esa vez, el juez le otorgó la libertad después de cumplir el fichaje del nonagenario general, trámite necesario para confeccionar su prontuario como presunto delincuente.

Sin embargo el ex dictador no pudo concretar el beneficio en esa oportunidad, puesto que seguía detenido por estos tres últimos casos, que corresponden a las desapariciones de Juan Carlos Perelman, Juan Antonio Cabezas y Antonio Garay.

El ex dictador también está procesado por cuatro delitos de corrupción vinculados a las cuentas secretas que manejaba en el exterior y a finales del pasado diciembre fue desaforado para ser investigado por malversación de fondos públicos.

Pinochet ya había estado con arresto domiciliario en Chile, el 2001, cuando el juez Juan Guzmán lo encausó por 75 asesinatos y secuestros de prisioneros políticos en 1973. Su detención se prolongó 42 días.

También estuvo arrestado 503 días en Londres, entre octubre de 1998 y marzo del 2000, cuando el juez español Baltasar Garzón quiso, sin éxito, extraditarlo a Madrid para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos.