WASHINGTON, Estados Unidos, mar. 30, 2006.- Los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, ¿deben quedarse o irse?

Mientras esa pregunta flota en el aire en un debate en el Senado sobre seguridad fronteriza e inmigración, la mayoría de los senadores están de acuerdo en permitir que los inmigrantes ilegales permanezcan en territorio estadounidense cuando menos temporalmente. La disputa es sobre si deberían irse en tres o en seis años.

Incluso los senadores que se oponen a que se les otorgue la ciudadanía están dispuestos a otorgarles reconocimiento legal temporal, siempre y cuando se registren con el gobierno, paguen multas y a la larga se vayan.

"Nuestra primera obligación es sacarlos de la clandestinidad, asegurarnos que sabemos quiénes son, por qué están aquí; asegurarnos que tenemos un nombre y algún tipo de identificación para ellos", dijo Bill Frist, líder de la mayoría republicana en el Senado.

"Entonces habrá un período de tiempo, ya sea de tres o de seis años... pero pueden seguir trabajando aquí y, cuando se cumpla ese plazo, en eso se centra el debate, ¿tendrán que irse a su país o serán puestos en una especie de ruta para obtener la ciudadanía?", se preguntó Frist.

Mientras el Senado iniciaba dos semanas de debates el miércoles por la noche, los republicanos discutían entre sí sobre si el proporcionar un camino que conduzca a la ciudadanía legal desembocaría en más violaciones a las leyes estadounidenses sobre inmigración.

El presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, planteó la posibilidad de que ese órgano legislativo tome en consideración un programa que permita a los inmigrantes ilegales seguir residiendo en Estados Unidos durante un período de tiempo si el Senado aprueba uno.

"Nuestra principal prioridad es proteger las fronteras. También sabemos que algunos sectores de la economía necesitan un programa de trabajadores invitados", dijo Hastert.

La cámara baja ha aprobado una legislación limitada a incrementar la vigilancia en las fronteras y en convertir en delito el estar ilegalmente en Estados Unidos u ofrecer ayuda a los inmigrantes ilegales.

Sin embargo, hay un consenso creciente entre los legisladores de que cualquier fusión de las medidas de la Cámara de Representantes y del Senado, de forma que el Congreso pueda enviar un proyecto de ley al presidente George W. Bush, no se producirá sino hasta después de las elecciones de noviembre.

En medio de todas estas consideraciones y debates, la Cámara de Representantes de Arizona aprobó el jueves un proyecto de ley que convertiría en delito ser un inmigrante ilegal en el estado.

La propuesta, aprobada por 32 votos a favor y 26 en contra, amplía la actual ley sobre violación de las fronteras, y había sido aprobada anteriormente por el Senado estatal. Ahora regresará a consideración de los senadores, que analizarán los cambios hechos por la cámara baja.

Bajo la ley de Arizona, el hecho de ser un inmigrante ilegal sería un delito grave. También le permitiría a un agente policial interrogar a un individuo sobre su nacionalidad y situación migratoria durante el proceso para arrestarlo.

Además, los que cometieran esa ofensa por primera vez serían entregados a las autoridades federales para ser deportados. Los que violaran la ley en repetidas ocasiones podrían enfrentar un juicio penal.

Los 32 votos a favor, uno más de los necesarios en la cámara baja de 60 integrantes. provinieron de la mayoría republicana, mientras que otros seis republicanos se unieron a los 20 demócratas para votar en contra de la propuesta.