WASHINGTON, Estados Unidos, abr. 11, 2006.- Ante las divisiones internas de su partido y las protestas multitudinarias de los últimos días en Estados Unidos, los dos líderes republicanos en el Legislativo dijeron este martes que buscan pasar una ley de inmigración que no considere delito grave la inmigración ilegal.

Un documento escrito por el líder republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, y por el dirigente de la mayoría en el Senado, Bill Frist, no mencionaba si ambos buscarían una legislación que considere la inmigración ilegal un delito menor o una falta que podría ser castigada con una sanción civil, como una multa.

“Sigue siendo nuestra intención el generar una iniciativa sólida de seguridad fronteriza que no considere un delito grave la presencia ilegal de alguien en Estados Unidos”, escribieron Hastert, de Illinois, y Frist, de Tenesí.

Aproximadamente 11 millones de hombres, mujeres y niños están ilegalmente en el país.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó a finales del año pasado una legislación que se limita en general a medidas de seguridad fronteriza. Hace de los inmigrantes ilegales sujetos a un proceso por delito grave.

Los esfuerzos del Senado por producir una iniciativa más amplia, que abarque seguridad fronteriza, un programa de trabajadores huéspedes y una vía para que muchos de los 11 millones de indocumentados adquieran la ciudadanía, están estancados, y los legisladores entraron en un receso de dos semanas.

Frist ha señalado que pretende plantear de nuevo el asunto ante el Senado, aunque no asumió ningún compromiso definitivo, y las perspectivas de aprobación de una iniciativa de inmigración en un año de elecciones legislativas resultan inciertas.

El documento emitido la tarde del martes por los líderes republicanos en ambas cámaras surgió después de varios días de protestas callejeras, por parte de grupos que se oponen a penalizar la inmigración ilegal.

En una encuesta del diario Washington Post y de la cadena ABC, publicada durante el día, sólo 20% de los entrevistados se mostró a favor de declarar que la inmigración ilegal representa un delito grave y apoyó medidas para impedir que los indocumentados trabajen.

Más de 60% indicó que apoya la estrategia general vislumbrada en la propuesta principal del Senado. Este plan incluye un requisito de que los inmigrantes ilegales paguen una multa e impuestos como parte de un proceso para buscar la ciudadanía.