LA PAZ, Bolivia, mayo 9, 2006.- El gobierno del presidente Evo Morales designó a 30 representantes del Estado para que tomen el control de los directorios de las cinco empresas petroleras nacionalizadas la semana pasada, se informó este martes.

Los delegados representarán a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en los gobiernos corporativos de Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, y de la Empresa Boliviana de Refinación (EBR), división de la brasileña Petrobras.

También lo harán en Chaco, propiedad de la firma Panamerican Energy, que controla la británica British Petroleum y en la que también es socia la argentina Bridas; y en Transredes, de la anglo-holandesa Shell y la estadounidense Prisma Energy, que reemplaza a la quebrada Enron.

Completa el grupo de cinco empresas obligadas a vender sus acciones al Estado, de manera que YPFB se haga con el 50% más uno de las acciones y el control de sus directorios, la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) de capitales nacionales, alemanes y peruanos.

Al oficializar los nombramientos, el lunes en la noche, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, calificó como "década infame" a la que va de 1996 a 2006, cuando llegaron masivamente las empresas extranjeras y con ellas, según sus ejecutivos, 3 mil 500 millones de inversión para el sector.

El ministro para quien que el proceso de privatización parcial de 1996-97 de YPFB dejó a la empresa como una "cáscara vacía", indicó que los nuevos representantes del estado deben reunirse con los directores delegados por los inversores extranjeros en los próximos días.

Analistas coincidieron el martes que entre los nombrados por el gobierno no figuran profesionales reconocidos en el área de hidrocarburos.

Entre los nuevos directores, se cuentan varios militares, como el general retirado Edgar Claure, jefe de la seguridad del extinto presidente Hernán Siles Zuazo (1956-60 y 1982-95) y el historiador José Luis Roca, subsecretario en un gobierno dictatorial de derecha, en los años 80.

Los directorios de las empresas nacionalizadas están conformados por siete directores, de los que, hasta la nacionalización, cuatro representaban a los inversores privados, en su amplia mayoría extranjeros, y tres a los ciudadanos bolivianos.

Las acciones de los bolivianos eran tuteladas, mediante un fideicomiso, por las dos administradoras privadas de fondos de pensiones que operan (APF) en Bolivia: Futuro, de la suiza Zurich Financial Service; y Previsión, del Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), de España.

El decreto de nacionalización ordena el traspaso "a título gratuito" de las acciones de los ciudadanos bolivianos, que habían sido cedidas por el estado en la privatización parcial de YPFB, a la compañía petrolera estatal. Los bolivianos tenían alrededor del 48% de Andina y Chaco.

La norma instruye que ahora Panamerican Energy y Respol, que poseen el 50% en Chaco y Andina, respectivamente, vendan al Estado obligatoriamente algo más del 2% de sus acciones, de manera que el YPBF se haga con el control del 50% más uno de las acciones.

El decreto ha dado un plazo de 180 días para que los inversores privados lleguen a un acuerdo con el gobierno sobre las condiciones del traspaso, y el cumplimiento de otras negociaciones, de manera que si no aceptan las nuevas condiciones, deben abandonar el país.

El vicepresidente Álvaro García Linera no ha descartado la posibilidad de confiscar las acciones.

En cuanto a Transredes, Shell y Prisma Energy y "otros socios" no identificados tienen el 66% de las acciones contra alrededor del 34% que poseían los bolivianos y que ahora pasaron al estado.

Por tanto, las inversoras privadas deben vender a YPFB algo más del 16% de su paquete.

En tanto, Petrobras y los propietarios actuales de CLHB están obligadas a vender el 50% más uno de las acciones en EBR y la segunda empresa, respectivamente, a YPFB.