WASHINGTON, Estados Unidos, mayo 25, 2006.- Los primeros 800 efectivos de la Guardia Nacional serán desplegados en la frontera sur estadounidense a partir de la siguiente semana, en momentos en que se discuten las implicaciones que tendría la portación de armas de los soldados.

En un comunicado, el jefe de la Guardia Nacional, el teniente general Steven Blum, confirmó que alrededor del primero de junio estarán preparados los efectivos para trabajar en los estados fronterizos de California, Texas, Arizona y Nuevo México.

Cada una de las cuatro entidades recibirá a 200 soldados, quienes prepararán el camino para la llegada posterior de más efectivos como parte del programa de seguridad fronteriza anunciada por el presidente George W. Bush y ratificado por el Senado.

Los 800 soldados forman parte del plan para desplegar a seis mil miembros de la Guardia Nacional en los estados fronterizos con México para apoyar en labores de logística a la Patrulla Fronteriza en su labor de detener la inmigración indocumentada.

De acuerdo a Blum, las primeras tropas enviadas a los estados fronterizos están integradas por voluntarios y dijo que serán desplegadas por tres semanas.

Señaló que dicho periodo corresponde al entrenamiento anual de dos semanas al que son sometidos los integrantes de la Guardia Nacional y manifestó que estarán armados como medida de protección, lo que ha reavivado el temor sobre posibles implicaciones legales.

El debate parte debido a que la Ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe la intervención del Ejército en tareas policíacas civiles, y aunque la Guardia Nacional es un cuerpo de reserva, sigue formando parte de la milicia estadounidense.

La Ley Posse ha sido ajustada en el pasado para posibilitar la incorporación militar en algunas labores que corresponden propiamente a cuerpos de seguridad civiles.

El caso más reciente se remonta a la década pasada, cuando el Departamento de Defensa movilizó a tropas especiales de los Marines en la frontera con México para asistir al gobierno federal en la lucha contra las drogas.

Las tareas de vigilancia en que participaba el Ejército fueron suspendidas después de que en 1997 el joven Ezequiel Hernández, de 18 años, fue muerto por un infante de marina en la comunidad rural de Redford, Texas, mientras pastaba su rebaño de ovejas.

Aunque el Ejército insistió en que el soldado disparó contra Hernández luego de que el joven usara un viejo rifle calibre 22 en contra del infante de marina y otro compañero. El incidente generó protestas por la actuación de los militares.

Uno de los aspectos cuestionados fue el hecho de que los soldados nunca efectuaron advertencia alguna contra el joven antes de disparar.

El Ejército insistió entonces que bajo las reglas que gobernaban el despliegue militar, los soldados no estaban obligados a emitir advertencia alguna.

Los Principios Básicos para el Uso de Fuerza y Armas de Fuego para los oficiales de la ley de la Naciones Unidas adoptados en 1980, establecen que los oficiales, en cumplimiento de sus funciones deberán, hasta donde sea posible, aplicar métodos no violentos antes de recurrir al uso de las armas.

Aunque aplicadas al ámbito civil, en Estados Unidos estas directrices son similares a las que gobiernan el uso de armas para los militares.

En el caso de las tropas de la Guardia Nacional, las reglas para el uso de armas podrían verse complicadas debido a que, a decir del general Blum, sólo se aplicarán a las tropas financiadas con fondos federales.

Las medidas anteriores podrían diferir de las que gobernarán a las tropas movilizadas por los gobernadores al amparo del Estatuto 32, siempre y cuando los mandatarios estatales determinen la necesidad de movilizar a las tropas bajo su mandato.

Las Reglas de Defensa Propia de la Guardia Nacional establecen que este derecho nunca se verá perdido, aun bajo el Estatuto 32, durante la comisión de cualquier misión donde el uso de la fuerza sea considerado apropiado.