La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del departamento de Justicia abrió una investigación sobre el consejo legal dado por los abogados de ese departamento a la Casa Blanca acerca del programa para interceptar llamadas y correos electrónicos sin permiso judicial.

Sin embargo, a principios de año esa oficina de auditoría anunció que no podía continuar la pesquisa porque se le había negado autorización para examinar secretos de seguridad nacional.

Ante la presión de las preguntas del presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Arlen Specter, Gonzáles reveló en una audiencia que esa orden provino de Bush.

"Muchos otros abogados en el Departamento de Justicia tenían autorización" para tener acceso a información sobre el programa, apuntó Specter. "¿Por qué no la OPR?", le preguntó a Gonzáles, en referencia a la Oficina de Responsabilidad Profesional.

"El presidente de Estados Unidos toma las decisiones sobre quién tiene acceso", respondió el fiscal general, quien enfatizó que el programa es "altamente secreto".

La existencia del programa fue revelada a finales del año pasado por el diario "The New York Times", que basó su información en fuentes anónimas.

La Casa Blanca confirmó posteriormente que en el 2002 Bush autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) a intervenir sin autorización judicial las comunicaciones telefónicas y electrónicas de personas en Estados Unidos, en investigaciones sobre terrorismo.

Specter ha presentado un proyecto de ley que ordena que el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional, que emite autorizaciones para escuchas relacionadas con terrorismo, revise la legalidad del programa de la NSA.

La Casa Blanca se había opuesto durante meses a cualquier legislación sobre el tema, pero dio finalmente su apoyo al proyecto de Specter la semana pasada.

Otra medida extraordinaria adoptada por el presidente tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 fue la creación de cortes militares especiales para juzgar a sospechosos de terrorismo detenidos en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba).

El 29 de junio el Tribunal Supremo declaró que Bush no tenía potestad para establecer ese sistema legal paralelo, que no se ajusta ni al derecho civil ni al militar estadounidense.

Algunos analistas creen que esa decisión también ha debilitado los argumentos de la Casa Blanca para la realización de escuchas sin autorización judicial, pero Gonzáles defendió hoy la iniciativa.

"Seguimos creyendo que el programa de la NSA es legal", dijo. El fiscal general señaló que "la vigilancia electrónica del enemigo en tiempos de guerra" es parte de la campaña militar y, por tanto, entra en las atribuciones del presidente como comandante en jefe.

En cambio, el senador demócrata Russell Feingold, uno de los mayores críticos del programa, dijo estar convencido de que el Tribunal Supremo lo encontraría inconstitucional.

"Tanto el juez (John Paul) Stevens como el juez (Anthony) Kennedy (del Supremo) han dejado claro que cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente debe acatarla", dijo Feingold.

Una ley promulgada en 1978 proscribió el espionaje de ciudadanos estadounidenses en el territorio de este país sin contar para ello con una orden judicial.

El dictamen del Supremo de que Bush se excedió en su poder al establecer las cortes especiales de Guantánamo ha obligado a la Casa Blanca a acudir al Congreso para que apruebe esos tribunales.