Según Petrobras, tanto en Brasil como en el exterior, sus actividades son ejercidas dentro de las normales legales vigentes en los países donde actúa, de acuerdo con su política de transparencia y de responsabilidad social.

"La Petrobras afirma que son infundadas las denuncias involucrando a ex ejecutivos de la compañía... en supuestas irregularidades en un contrato de venta de gas", dijo la empresa en un breve comunicado difundido en su sitio de Internet.

El 2 de agosto, el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz, respaldó la denuncia que Gabriel Camacho, un director de la oficial Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presentó ante la Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz, en el oriente boliviano.

Aunque no se han revelado detalles del contenido exacto de la querella, se dijo que es por supuestos contratos "lesivos al Estado boliviano".

Pero informes de prensa de la nación andina aseguran que el directivo de YPFB mantiene que la empresa Andina -filial de Repsol- y Petrobras modificaron el contrato original que firmó Bolivia con Brasil en 1996 y que establece que el precio de venta del gas boliviano a ese país está sujeto a la variación de la cotización internacional del petróleo.

El Ministerio Público de Santa Cruz, donde las compañías tienen sus sedes, ha dicho que citará a los denunciados a declarar, pero no proporcionó detalles.