La denuncia del mandatario estuvo dirigida a la demanda que tres diputados de los opositores Poder Democrático y Social (Podemos), Unidad Nacional (UN) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) plantearon contra el decreto nacionalizador ante el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de agosto pasado.

En una rueda de prensa, Morales calificó como un acto "vergonzoso" que los parlamentarios recurran a dos abogados de la petrolera Transredes para presentar el recurso de inconstitucionalidad del decreto que impuso la nacionalización.

El jefe de Estado identificó a los letrados Jorge Asbún y Bernardo Wayar, que firman la demanda de los legisladores opositores, como vinculados a Transredes, lo que -a su juicio- es la "mejor prueba" de la conspiración contra la nacionalización.

La empresa Transredes opera en el transporte de hidrocarburos y está participada en un 50 por ciento por las británicas Ashmore y Shell, y es una de las empresas nacionalizadas por Morales.

Una de los demandantes, la diputada Sandra Yáñez aseguró hoy que no se opone a la nacionalización sino al procedimiento adoptado por Morales, porque a su juicio es necesaria una ley para una medida de ese tipo.

Aunque fuentes de ese partido dijeron que Yáñez actuó por cuenta personal, Morales señaló que Podemos, cuyo jefe es el ex presidente Jorge Quiroga, encabeza el complot "para atacar el proceso de la nacionalización".

Según el gobernante, en la conspiración están involucrados algunos dirigentes de comités cívicos regionales que no identificó.

Podemos y UN usaron el miércoles su mayoría en la Cámara de Senadores para censurar al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, por presuntas irregularidades en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y por los fallos en la ejecución de la nacionalización, pero Morales lo ratificó en su puesto.

La denuncia de Morales fue hecha horas después de que la Contraloría General de la República confirmara "indicios" de responsabilidad administrativa por parte del presidente de YPFB, Jorge Alvarado, en una violación del decreto nacionalizador.

El informe de la entidad fiscalizadora sobre la firma de un contrato para vender 2.000 barriles de crudo a Brasil coincide con otro emitido por el Ministerio de Hidrocarburos, la semana pasada.

Alvarado anunció que responderá mañana, viernes, a la Controlaría General pero remarcó que ese contrato, firmado con la empresa Iberoamérica, vinculada a la brasileña Univen, ya fue rescindido.

El mandatario señaló que "analizará profundamente" el nuevo informe del caso y aseguró que tomará en cuenta sus conclusiones y recomendaciones.

"Felizmente la Contraloría no acusa, no demuestra, un grado de corrupción en el Gobierno y en Yacimientos. No se demuestra daños económicos al país", remarcó Morales, al pedir a los partidos opositores pruebas de actos de corrupción en la empresa estatal.