En la octava ronda de negociaciones, que empezó hace dos semanas, los 192 países de la ONU, que trabajaron muy de cerca con organizaciones no gubernamentales, consiguieron adoptar este convenio que obligará a los gobiernos a adoptar medidas específicas a favor de las personas que sufren minusvalías.

El Comité especial de la Asamblea General que ha negociado el tratado, ha sido presidido por el embajador neozelandés Don MacKay, quien consideró que es un éxito su adopción, especialmente en tan poco tiempo.

Italia lanzó la idea hace dos décadas y luego se la hizo suya el presidente mexicano, Vicente Fox, quien reactivó en la ONU la iniciativa en el dos mil uno, aunque las negociaciones empezaron de forma intensa cuando se creó este comité especial en el dos mil dos.

La convención será un instrumento vinculante para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo a las personas discapacitadas, así como a que puedan tener acceso a la información y sistemas de salud adecuada y movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales.

También tiene como objetivo proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena con el resto de personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.

El término de discapacidad ha sido uno de los puntos más controvertidos en el debate, pero se ha acordado como definición de una persona discapacitada a aquella que sufre un menoscabo físico, mental o sensorial que le limita la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas y es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.

Según cifras de la ONU, hay cerca de 650 millones de personas discapacitadas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el diez por ciento de la población mundial.

En los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, un promedio de ocho años o un 11.5 por ciento de la vida de una persona transcurre con incapacidades físicas.

El 80 por ciento de las personas con minusvalías viven en los países en desarrollo, mientras que en las naciones industrializadas, la tasa de discapacidad es más alta en los sectores sociales más marginados y con menor acceso a la educación.

Otras cifras revelan que el veinte por ciento de las personas más pobres del mundo tienen discapacidades y su marginalidad se refleja en estudios que demuestran, por ejemplo, que el noventa por ciento de los niños con minusvalías no asisten a la escuela.

Asimismo, el índice mundial de alfabetización de adultos con discapacidades llega solamente al tres por ciento, y al uno por ciento en el caso de mujeres que sufren la misma situación, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El tratado deberá ser aprobado por la Asamblea General en el período de sesiones que empieza en septiembre, y luego necesitará la ratificación de los países para que entre en vigor.