"Este paro, hasta en el ámbito político, es un rotundo fracaso", dijo al mediodía la ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz.

"El apoyo al paro es rotundo, masivo", había indicado previamente el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Germán Antelo.

La ministra señaló que la huelga sólo funciona donde está "sustentada por grupos de jóvenes en estado de ebriedad, armados con palos, cadenas y armas cortantes".

En los lugares donde el tráfico está interrumpido es porque hay bloqueos de transportistas, "con total ausencia de la población civil", agregó Muñoz.

En cambio, los prefectos (gobernadores electos) y otros dirigentes de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni insistieron en que la huelga es casi total y denunciaron que los incidentes registrados por la mañana se debieron a provocaciones de grupos pro gubernamentales.

Los canales de televisión bolivianos mostraron calles vacías en todas las principales ciudades de esas regiones tropicales y también golpes, forcejeos y heridos entre partidarios de la huelga y del gobierno.

El prefecto de Santa Cruz, la región más prospera de Bolivia, Rubén Costas, acusó a Morales de "arrastrar al país a una espiral de violencia" y de imponer un régimen "totalitario".

"El paro nos afecta a nosotros mismos, pero lo hacemos en defensa de la democracia", ante "la prepotencia y la soberbia" con que el oficialismo quiere imponer su mayoría en la Asamblea Constituyente, agregó Costas.

"Sólo queremos que se restablezca el respeto a la legalidad. Buscamos el respeto a la Constitución y las leyes", indicó Antelo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

“HUELGA RACISTA”, DICE MORALES

El presidente Morales denunció que es una huelga racista contra el primer gobierno indígena de Bolivia.

"Siento que es el odio y el desprecio al movimiento indígena y originario" lo que motiva la protesta, dijo anoche el mandatario, que antes había llamado a los opositores asesinos, traidores, masacradores, vendepatrias y basura.

La huelga afecta a dos tercios del territorio boliviano y un tercio de la población, en regiones gobernadas por opositores y que reclaman desde hace años más autonomía.

Esos cuatro departamentos suman el 42 por ciento del PIB nacional y tienen el 85 por ciento de las reservas de hidrocarburos.

Aparte de los choques entre partidarios de Morales y de la oposición, que dejaron un número no precisado de heridos, el incidente más grave ha sido el lanzamiento de dos bombas "molotov" contra la sede del Canal 7 de televisión, del gobierno, en Santa Cruz.

El director de Canal 7 en esa ciudad, Sandro Jaramillo, explicó que las bombas fueron lanzadas por desconocidos a las 03.00 locales (07.00 GMT), y que una chocó contra un muro exterior y la otra contra la pared del edificio, sin causar daños.

La ministra Muñoz insistió en que hay "afanes conspirativos y separatistas" detrás la huelga, y pidió a su colega de Defensa, Walker San Miguel, que se investiguen esos presuntos planes.

"Este paro forzado, obligado, acompañado de la movilización de hordas fascistas tiene que ser investigado", agregó Muñoz.

San Miguel negó que la Fuerzas Armadas hayan sido acuarteladas y dijo que se han limitado a rendir informes de la situación.

El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, declaró a periodistas que la capital regional y todo el departamento están paralizados, y que no hay transporte ni otras actividades, pero que hay tranquilidad.

La huelga fue convocada a raíz de que el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), desconociera la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente, pactada con la oposición a principios de año, en cuanto al carácter de ese órgano y los votos necesarios para tomar decisiones.

"Que entienda el gobierno que nos hemos visto obligados a esto por la actitud soberbia de los asambleístas del MAS", comentó Francisco Navajas, del comité cívico de Tarija.

Las aerolíneas bolivianas, aunque siguen operando, han reducido sus vuelos a las regiones afectadas por la huelga.