El abogado Santiago Berríos, recién nombrado superintendente de Hidrocarburos, y el coronel retirado Fernando Salazar, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), anunciaron por carta al mandatario su alejamiento, por falta de respaldo del Ejecutivo a su labor.

La renuncia de Berríos, apenas diez días después de asumir el cargo, se debió a que el presidente lo desautorizó sobre la destitución de una funcionaria de rango inferior, según explicó el mismo en rueda de prensa.

El primer superintendente de Hidrocarburos nombrado por Morales, Víctor Hugo Sainz, fue destituido tras denunciar en julio que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó un contrato para exportar crudo a Brasil que violó la nacionalización decretada en mayo pasado.

Con Sainz cayó el anterior presidente de YPFB, Jorge Alvarado, que aún debe responder por su presunta responsabilidad administrativa en la firma de ese convenio irregular, confirmada por el Ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría General de la República.

La dimisión de Berríos deja a la Superintendencia descabezada por segunda vez en dos semanas, en momentos en que el gobierno ha anunciado un cronograma de negociaciones con las multinacionales petroleras, para que suscriban nuevos contratos adecuados a la nacionalización.

Esa política clave del gobierno de Morales ha sufrido numerosos tropiezos desde que la decretó el primero de mayo y en varios aspectos no ha logrado aplicarla.

Por su parte, Salazar, que había asumido el puesto a comienzos de marzo, expuso "falta de coordinación" con el gobierno socialista para justificar su retirada voluntario del INRA, encargado de impulsar el plan de redistribuir "tierras ociosas" a quienes no las poseen.

El funcionario, ingeniero militar, envió una carta a Morales en la que dice que se va "por motivos personales, profesionales y por la falta de coordinación con instancias gubernamentales" en asuntos relacionados con la propiedad de la tierra.

La decisión del gobierno de "recuperar" de manos privadas tierras presuntamente adjudicadas de manera ilegal es una de las razones del paro cívico realizado hoy por los departamentos tropicales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, gobernados por partidos opositores a Morales.

El programa oficial prevé la distribución inmediata de entre dos y 4.5 millones de hectáreas de tierras fiscales, sobre todo a comunidades indias y sindicatos de campesinos, y la reversión al Estado de los latifundios "improductivos", principalmente en el oriente del país.

Además de las renuncias de Berríos y Salazar, el jueves fue destituido el viceministro de Vivienda, Ramiro Bolaños, lo que desató una polémica pública de su jefe, el ministro de Obras Públicas y empresario Salvador Ric, y el diputado oficialista Gustavo Torricos.

El ministro fue acusado hace tres días por otro legislador socialista, Guillermo Beckar, de haber realizado un contrato irregular de compra de gasolina en 1999.

En declaraciones a la prensa, Salvador Ric dijo que pondría su cargo a disposición de Morales, pero su dimisión no se ha concretado hasta el momento.