El ministro de Hacienda, Luis Arce, y el secretario ejecutivo de la Confederación, José Luis Cardozo, firmaron un convenio para incluir a este sindicato en la redacción de los reglamentos de una ley que permite regularizar a 60 mil vehículos que ingresaron al país de contrabando.

Los choferes, cuyos dirigentes cumplían una huelga de hambre desde el lunes, finalmente aceptaron participar en la reglamentación de la ley en los próximos 60 días, ya que el gobierno se negó a revocarla.

Cardozo abandonó la reunión con el Gobierno en la madrugada y ratificó la huelga, pero los dirigentes de La Paz y Santa Cruz, las mayores ciudades de Bolivia, anticiparon que no acatarían la medida, y entonces el líder de los choferes bolivianos regresó a las negociaciones.

En paralelo, los transportistas de La Paz suspendieron temporalmente una huelga que mantenían desde el lunes, en protesta porque la alcaldía reordenó el tráfico en el centro de la ciudad debido a obras.

El lunes los transportistas bloquearon avenidas y carreteras de acceso a La Paz, con vehículos atravesados, piedras y otros objetos, y el martes se manifestaron y protagonizaron incidentes violentos.

Las huelgas de los transportistas y los chóferes amenazaban el éxito de una manifestación de respaldo a Morales, convocada para hoy por él mismo, con la intención de demostrar que sigue teniendo respaldo, a pesar de las muchas protestas de sectores populares en las últimas semanas.

Esa movilización fue convocada para que coincidiera con la clausura del "Primer Encuentro de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala" (América), organizado también por el gobierno de Morales para criticar la colonización española en el día de la fiesta nacional de España.