Con esta normativa, "los hombres de los que nuestros funcionarios de inteligencia sospechan que orquestaron el asesinato de casi 3 mil personas tendrán que enfrentarse a la justicia", dijo Bush en la ceremonia de la promulgación de la ley, en alusión a los autores de los atentados del 11 de septiembre del 2001.

La ley autoriza a realizar duros interrogatorios de sospechosos de terrorismo y permite al gobierno de Estados Unidos iniciar de inmediato procesos antes comisiones militares. La ley incluye a los presuntos autores de los ataques del 11 de septiembre del 2001.

No es habitual que un presidente tenga la oportunidad de firmar una ley "que sabe que salvará vidas estadounidenses", pero "yo tengo ese privilegio esta mañana", prosiguió.

La nueva legislación "ayuda a garantizar la seguridad de este país" y envía un claro mensaje: "nunca nos echaremos atrás ante las amenazas a nuestra libertad".

El plan de Bush para el tratamiento a sospechosos de terrorismo se convirtió en ley seis semanas después que admitió que la Agencia Central de Inteligencia había estado interrogando en secreto a presuntos terroristas en ultramar.

Bush sostuvo que la legislación, que ha sido criticada por grupos humanitarios, cumple con el espíritu y la letra del derecho internacional.

"Las comisiones militares darán (a los detenidos) un juicio justo, acceso a abogado y podrán escuchar toda la evidencia en su contra", exaltó el presidente.

Pero organizaciones independientes han señalado que la legislación afecta el derecho de "habeas corpus" de los detenidos para impugnar su arresto y abre la posibilidad de que algunos de los métodos de interrogatorio sean equivalentes a tortura.

Bush hizo estas declaraciones en la Casa Blanca, en un acto al que también asistieron el vicepresidente Dick Cheney, el jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y el fiscal general Alberto Gonzáles, además de oficiales militares y congresistas.

La ley, que establece los parámetros sobre el trato, los interrogatorios y los tribunales militares que juzgarán a los sospechosos de terrorismo, es una pieza clave del programa de seguridad que los republicanos pretenden destacar de cara a los comicios legislativos del próximo 7 de noviembre.

Bush pidió al Congreso que preparase esta normativa, después de que en junio pasado el Tribunal Supremo fallara en contra de los tribunales militares establecidos por el Pentágono en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba).

El Tribunal Supremo consideró que esos tribunales violaban tanto las leyes estadounidenses como el derecho internacional y dejó en manos del Congreso la tarea de elaborar una ley sobre el trato y enjuiciamiento de presuntos terroristas.