SANTIAGO DE CHILE, Chile, oct. 17, 2006.- Las autoridades chilenas detuvieron a más de un centenar de escolares en Santiago, durante el desalojo de varios colegios ocupados por los alumnos para presionar por reformas al sistema educacional. Aunque la serie de desalojos se inició en la jornada del lunes en los colegios "José Victorino Lastarria" y "Javiera Carrera", de niñas, donde estudió la presidenta Michelle Bachelet, fue hoy, martes, cuando se registraron las acciones más violentas entre los escolares y la policía antidisturbios.
Las fuerzas de Carabineros se encontraron con una gran resistencia de los estudiantes que ocupaban el "Liceo de Aplicación", en el centro de Santiago, quienes desde el techo del edificio lanzaron sillas y otros objetos contundentes contra la policía.
Finalmente, los carabineros lograron entrar al establecimiento y detuvieron a 65 alumnos, sumándose a otros 30 escolares, que habían sido detenidos minutos antes desde el Instituto Nacional, el colegio chileno más antiguo y tradicional.
El lunes, 41 alumnos que detuvo la policía en el liceo Lastarria, en el municipio de Providencia, fueron expulsados del colegio por orden del alcalde de la localidad, Cristián Labbé, un ex coronel que colaboró con el ex dictador Augusto Pinochet y es miembro de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Entre los detenidos figuró el periodista Juan Pablo Cárdenas, que observaba los incidentes y a quien se le acusó de agredir a carabineros.
Esto aparece desvirtuado por las imágenes de la detención, que muestran al sexagenario Cárdenas reducido por cuatro robustos carabineros.
El informador, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2005, fue citado a una fiscalía militar, pero anunció que no concurrirá a su juicio.
La comparecencia de civiles a tribunales castrenses proviene de la época de la dictadura.
El Colegio de Periodistas de Chile y la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde Cárdenas es profesor, además de director de la radio del centro docente, repudiaron la agresión de la policía contra el profesional, quien durante el régimen militar (1973-1990) fue perseguido por su defensa de los derechos humanos.
El Gobierno de Bachelet, que en junio pasado otorgó beneficios por 200 millones de dólares para el sector educativo y acogió varias demandas de los escolares, rechazó las nuevas protestas y respaldó el desalojo de los colegios.
Por su parte, los dirigentes de los estudiantes de enseñanza media decidieron convocar para mañana, miércoles, a un paro nacional, en respuesta a los desalojos.
María Huerta, portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, declaró a los periodistas que las agrupaciones estudiantiles de cada región deberán resolver de qué manera se unirán al paro.