El ministro de Asuntos Constitucionales, Charles Falconer, desestimó la petición de la comisión de derechos humanos, así como una serie de recomendaciones destinadas a evitar que los aeropuertos y el espacio aéreo británicos puedan ser utilizados para el traslado ilícito de prisioneros en el futuro.

Falconer recordó que el propio Gobierno confirmó hace unos meses que no se han registrado vuelos para el traslado de sospechosos al margen de los procedimientos normales de extradición o deportación desde 1998, cuando el entonces ministro de Exteriores, Jack Straw, autorizó el traslado de dos presuntos terroristas a Estados Unidos para ser juzgados.

El ministro añadió que, ante la ausencia de nuevas pruebas, el Ejecutivo "no considera que haya base para hacer una investigación" al amparo de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la tortura, como pedía la comisión del Parlamento.

Falconer insistió en que el Gobierno británico, que junto a otros es objeto de una investigación de la Unión Europea, "nunca ha aprobado, ni aprobará, una política de facilitación" de ese tipo de vuelos.

Entre las recomendaciones de los diputados, rechazadas por el Gobierno, se incluía que cualquier vuelo de la CIA vinculado al caso de traslado de presos que pasara por este país en el futuro pudiera ser obligado a aterrizar y registrado por las autoridades.